Múgica subrayó que la decisión de recurrir el Estatut «obedece a la estricta función de garantía de las libertades y derechos fundamentales que la Constitución reserva a la institución del Defensor del Pueblo».
Tras presentar el martes un amplio recurso ante el TC, en el que pide que se declaren inconstitucionales 112 artículos y cuatro disposiciones adicionales del Estatut catalán, Múgica defendió ayer en una rueda de prensa su «independencia total» y las razones exclusivamente técnico-jurídicas de su impugnación.
Consideró que de no haber procedido así «hubiéramos contraído una responsabilidad cierta y perdurable ante los ciudadanos y ante el mandato recibido de las Cortes Generales».
El recurso señala siete motivos de inconstitucionalidad referidos al origen de los poderes de la Generalitat proclamado en el Estatut, los derechos y deberes recogidos, el régimen lingüístico, la regulación del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán), el Poder Judicial y la Administración de Justicia, el denominado «blindaje» de competencias y la bilateralidad de las relaciones Estado-Generalitat.
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