Imagen de archivo del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó ayer un delito de falsedad en documento oficial, castigado con entre 3 y 6 años de prisión, a los tres peritos de la Policía Científica que relacionaron los atentados del 11-M y ETA, ya que alteraron la fecha de su informe para darle apariencia oficial.

Garzón relata en su resolución que Isabel López le presentó un documento consistente en una copia del que habían elaborado el 21 de marzo de 2005, «que coincide con el publicado en el diario 'El Mundo'» el pasado día 21. Al presentar el documento al juez, López lo hizo como si fuera el elaborado en marzo de 2005, «sin advertir inicialmente que hubiera sido realizado en otra fecha».

En un auto notificado ayer, el magistrado explica que Isabel López, Pedro Manrique y Manuel Escribano elaboraron el 21 de marzo de 2005 un informe sobre el ácido bórico encontrado en el domicilio de Hassan El Haski, uno de los procesados por el 11-M, y lo presentaron a su jefe de sección, Francisco Ramírez, quien al discrepar de su contenido le dijo a Escribano que debía rehacerlo.

Garzón subraya que, en ese momento, el informe «tenía el carácter de documento interno no oficial en la Comisaría General de Policía Científica».

Ramírez ordenó a sus subordinados que eliminaran las observaciones, que hacían referencia al hallazgo de ácido bórico en un piso franco de ETA en 2001 y en el domicilio de un «antisistema» en 1999, «al extralimitarse de lo que se les había solicitado y responder esas observaciones a opiniones subjetivas y faltas de consistencia». Según el auto, Escribano se negó a rehacer el informe y le sugirió a Ramírez que reasignase el caso a otro perito, «sin que conste que le devolvieran su informe original», que por tanto permaneció en poder del superior jerárquico.

Ramírez se reasignó a sí mismo el caso como perito -lo que según Garzón «estaba dentro de sus competencias como jefe de sección»-, a la vez que recibió de su subordinado otra copia del informe en formato informático, concretamente en un archivo de Word, «para que pudiera trabajar con el mismo, lo que efectivamente hizo redactando el informe oficial el día 22 de marzo de 2005».

Ese informe, el único oficial y que no contenía las observaciones antes citadas, fue el que se incorporó al sumario abierto por los atentados del 11-M.