El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al proyecto de Ley de atención a las personas con problemas de dependencia, que pretende cubrir las necesidades de las personas que no pueden valerse por sí mismas para las tareas cotidianas de la vida.
El sistema se pondrá en marcha de forma gradual a partir del año que viene, comenzando por los casos más graves, los grandes dependientes. El proyecto pasó ater su primer trámite parlamentario, camino del Senado, gracias al consenso de los dos partidos mayoritarios -PP y PSOE-, aunque con la oposición de los nacionalistas por problemas competenciales.
El acuerdo entre PP y PSOE ha sido crucial para la aprobación de la ley en el Congreso, que el ministro Caldera no obstante quiere se apruebe con el máximo consenso posible. El principal grupo de la oposición ofreció al Ejecutivo un «apoyo crítico» en beneficio del colectivo dependiente después de admitirse más de 50 enmiendas. No obstante, creen que quedan cuestiones pendientes como la gratuidad del servicio para los grandes dependientes.
Precisamente este colectivo será el primer beneficiado de este nuevo sistema, que Caldera defendió con entusiasmo subrayando que se crea un nuevo derecho a la ciudadanía «subjetivo y perfecto», las garantías a quienes no puedan afrontar el copago y la asistencia a los menores de tres años, emigrantes retornados, discapacitados intelectuales y personas con enfermedad mental.
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