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EFE-GRANADA
El director general de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), José María Múgica, alertó ayer sobre las «expectativas falsas» que se están generando entre muchos afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa, en cuanto a la recuperación de los fondos que invirtieron en esas firmas.

Esta responsabilidad se referiría a la idoneidad de la intervención de las dos sociedades filatélicas y a «si el Gobierno debería haber legislado» respecto a las inversiones en este sector o si por el contrario «la Comunidad Autónoma en cuestión debería haberlas controlado».

Múgica expresó la «preocupación» de la OCU por estas «expectativas falsas», que apuntan a la posibilidad de «recuperar el cien por cien de los fondos» y a que «quien va a pagar va a ser el Gobierno».

Aunque consideró «difícil» saber con certeza el origen de estas expectativas, apuntó a la existencia de «plataformas, agentes de algunas de estas empresas filatélicas, personas que tienen que responder frente a los clientes que han ido generando a lo largo del tiempo, y una manera de hacerlo es derivando la atención hacia el Gobierno».

Aseguró tener la «sensación» de que determinadas plataformas, en determinadas propuestas que se hacen respecto a la devolución de fondos a los afectados por la intervención de las filatélicas, «hay bastante afán de ganancia de pescadores en ríos revueltos».

Como muestra de ello, señaló el caso de «algunos abogados que están planteando unas exigencias que a nosotros nos parecen exageradas», en cuanto a las tarifas que piden a sus clientes, afectados por la presunta estafa, si obtienen las cantidades que reclaman, que cifran en el diez por ciento del total.

Frente a esto, señaló que la OCU lo único que pide a los afectados que quieran que esta organización los represente es su incorporación como socios, «porque el dinero sale de la organización y lógicamente no nos parece justo que los que la mantienen hagan frente a esta acción, que con diferencia es la más grande a la que nos hemos visto enfrentados», dijo.

El directivo de la OCU subrayó que la responsabilidad del Gobierno en este caso «no está en absoluto documentada en estos momentos y de hecho ya ha habido tres querellas que se han planteado por este tema» que han sido archivadas.

Aunque no descartó exigir responsabilidades a la Administración central o autonómica correspondiente, anunció que desde la OCU «vamos a esperar a ver si en el procedimiento judicial aparece esta responsabilidad, porque lo que no vamos a pedir es algo sin tener mínimas garantías de lograrlo».