Según indica una sentencia hecha pública ayer, que además condena a dos años de prisión al gerente de la empresa «Rocersa» por un delito medioambiental, el alcalde «se situó del lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo que actuaba y vulneraba la legalidad».
El Supremo «desestima la opción de multa» al considerar que «sería satisfecha incluso con cargo a las arcas municipales, agravando la situación de los vecinos», y considera que la pena es la que se ajusta «a la gravedad de su conducta».
La empresa (Roig Cerámica, SA), ubicada en el Polígono Industrial a unos 600 metros de viviendas, puso en marcha una central de cogeneración durante el verano de 1991 sin licencia municipal, y «a partir de esa fecha se inició una serie interminable de denuncias relacionadas con los ruidos emitidos» por la misma. Entre 1991 y junio de 1995, mes en el que el alcalde acusado accedió a su cargo, se sucedieron hasta dieciséis denuncias presentadas ante el Ayuntamiento y la Conselleria de Medio Ambiente por parte de particulares y asociaciones vecinales.
A partir de entonces prosiguió el «rosario de quejas», si bien las sucesivas denuncias y sus resultados «se dejan sobre la mesa», señala la resolución del Supremo, que anula una sentencia anterior de la Audiencia de Castellón que absolvió al alcalde y al representante legal de la empresa.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.