El proyecto de ley de la Memoria Histórica superó ayer su primer trámite parlamentario a pesar del rechazo frontal del PP -que pidió su retirada- y de los principales socios parlamentarios del Gobierno, ERC e IU-ICV, que consideran la propuesta una «humillación» para las víctimas del franquismo.
En defensa del proyecto de ley la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, remarcó durante el debate que la Ley de la Memoria «lejos de escribirse contra nadie, pretende hacer justicia», y aseguró que es heredera del principio de concordia de la transición.
Tal como se esperaba, el pleno del Congreso rechazó las dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo presentadas por IU-ICV y ERC y la enmienda de devolución presentada por el PP.
El veto del PP sólo contó con los votos del grupo popular, mientras que las enmiendas de IU-ICV y ERC recibieron el apoyo del BNG, EA y Nafarroa Bai, la abstención del PNV y el rechazo del resto de grupos parlamentarios.
En presencia del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, Fernández de la Vega explicó que, además del reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas, la ley pretende «saldar una deuda, la de la injusticia» de la sociedad con quienes «sufrieron violencia y persecución injustas». «Esta es una ley heredera del mejor espíritu de la Transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia», proclamó ante el hemiciclo.
Por contra, el portavoz de Justicia del PP, Manuel Atencia, reclamó al Gobierno que retire la ley por considerar que es un proyecto «extemporáneo» que «torpedea la línea de flotación del régimen político democrático: la Transición y el pacto constitucional».
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