Las comunidades autónomas gobernadas por el PP se negaron a votar en la reunión constitutiva del Consejo Territorial del Dependencia ninguno de los puntos de la agenda del día, en la que se acordó por «asentimiento« el baremo estatal para evaluar la situación de dependencia de los ciudadanos.
El Consejo Territorial creado -órgano encargado de coordinar la aplicación de la ley de dependencia-, estará integrado por 17 representantes de CCAA, dos por Ceuta y Melilla, dos por la FEMP y doce de la Administración General (incluido el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales).
La consejera madrileña de Servicios Sociales y Familia, Beatriz Elorriaga, expresó a la prensa el desacuerdo de las CCAA populares con la composición del Consejo de Dependencia -que consideran no está creado-, y avanzó que habrá una consulta a sus respectivos servicios jurídicos para ver si procede la impugnación de su constitución.
El futuro baremo establece hasta 100 puntos para determinar el grado de dependencia del ciudadano y que le definirá como persona dependiente en los siguientes grados: grado 1 -de 25 a 49 puntos-; grado 2 -de 50 a 74 puntos- y grado 3 -de 75 a 100-.
Una vez publicado en el BOE el baremo, los ciudadanos podrán solicitar una evaluación a los servicios sociales de su comunidad para determinar su grado y nivel de dependencia.
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