El Gobierno vasco denunció la «convulsión» que provocan algunas decisiones judiciales y advirtió que el respeto hacia ellas «no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido». Adelantándose a este comunicado, los magistrados del País Vasco advirtieron ayer, sin nombrar expresamente a Ibarretxe, que ninguna autoridad de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial goza en España de impunidad penal.
El gabinete de Juan José Ibarretxe consideró que, en parte, estas actuaciones del Poder Judicial se deben a la Ley de Partidos, de la que afirmó que «ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes hasta el punto de que, en todo aquello que se relacione con el terrorismo, se tiende a diluir la necesaria imputación individual de responsabilidades».
«La Ley de Partidos supuso la consolidación oficial de una nueva forma de entender el juego político, que aparejaba una relectura restrictiva de quiénes podían y quiénes no podían hacer uso de los partidos como instrumentos de representación», manifestó. A juicio del Gobierno, esta relectura implicaba «una legislación de excepción que condenaba a una parte muy significativa de la ciudadanía vasca a la invisibilidad política».
En referencia a los casos Atutxa e Ibarretxe -a tan sólo cuatro días de que el lehendakari se presente ante el juez como imputado por reunirse con Batasuna-, el Gobierno criticó que el «desbordamiento de límites» al que da lugar esta nueva legislación, llega hasta el punto de «poner bajo sospecha a la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad y al propio lehendakari». «Son demasiados los casos para recordarlos todos, pero no puede tomarse con normalidad y exigir el silencio y el respeto cuando se procesa incluso al propio lehendakari por un presunto delito de desobediencia», advirtió.
Por su parte, Ibarretxe, que participó ayer en Durango (Bilbao) en un acto de presentación de candidaturas de su formación, no hizo referencia durante su discurso al comunicado de su Ejecutiva y se limitó a decir que las instituciones vascas tienen «que dar la cara sin fijarse en pensar qué es lo que va a hacer Batasuna, el PSOE, Zapatero o el Gobierno español».
El Gobierno vasco reivindicó también el derecho a «la sana crítica en defensa de las libertades de todos los ciudadanos ante decisiones formalmente legales que son susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales». Más aún, consideró que esta actitud es «una obligación de quienes creemos en la construcción democrática desde la responsabilidad y participación de todos los ciudadanos, instituciones y poderes públicos». «El respeto a la ley no es la paz del miedo; no es el callar por si acaso; no es la sensación generalizada de que hay manifestaciones a las que uno no se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir», añadió.
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