El PSOE e IU-ICV llegaron ayer a un acuerdo para desbloquear la tramitación del proyecto de ley de memoria Histórica al incorporar una nueva referencia que establece la «ilegitimidad» de los tribunales franquistas y de las condenas dictadas por motivos ideológicos o políticos durante la dictadura.
Se declaran «ilegítimas», asimismo, las resoluciones de estos organismos contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior de la II República.
Aunque el espíritu del texto presentado en el Congreso por el Gobierno había sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, dos de los principales socios del Ejecutivo como son IU-ICV y ERC consideraban que era insuficiente y planteaban como «irrenunciable» la supresión de los juicios sumarísimos del franquismo.
En el nuevo texto pactado entre PSOE e IU-ICV se recoge una fórmula que satisface a ambos grupos para solventar este escollo, de manera que se declara la «ilegitimidad» de los tribunales y de todos los órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil y la dictadura para imponer, «por motivos ideológicos o políticos», condenas o sanciones.
Reconoce además el derecho a obtener una declaración de reparación y recuperación personal, familiar y moral a quienes en la Guerra Civil y el franquismo padecieron persecución por razones políticas o ideológicas.
Como política pública, la nueva redacción del artículo 1 pretende fomentar los valores democráticos para facilitar el conocimiento de los hechos y circunstancias de esa etapa histórica, así como asegurar la preservación de los documentos relacionados con ella y depositados en archivos públicos.
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