El Gobierno retoma su plan de reforma de la Constitución y estudiará cambiar la ley electoral

De la Vega, en la primera comparecencia de un miembro del nuevo Gobierno, explicó en la Comisión Constitucional que el Ejecutivo solicitará de forma inmediata al Consejo de Estado un informe sobre la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG) para entregarlo a la subcomisión como herramienta de trabajo.

Esa subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, estaría encargada de debatir y evaluar «posibles cambios» basados siempre, ha advertido, en el mayor consenso posible.

La vicepresidenta, que compareció para exponer los objetivos del Gobierno para la nueva legislatura, reiteró también el deseo de lograr consensuar, esta vez sí, una reforma constitucional «necesaria, justificada y demandada» en cuatro puntos. Convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial; incorporar la denominación de las comunidades autónomas; garantizar la igualdad de género en el acceso a la Jefatura del Estado, e introducir el proceso de integración europea.

De la Vega anunció además que el Gobierno revisará la ley orgánica de Libertad Religiosa para avanzar en la «laicidad» del Estado, adecuar la norma al pluralismo actual y garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de conciencia.

Por otra parte, se comprometió a abordar el desarrollo reglamentario de la ley de la Memoria Histórica y de la que restituyó a los partidos los bienes incautados durante la Guerra Civil y reiteró la promesa de aprobar una ley integral para la Igualdad de Trato. En ese contexto, avanzó que el Gobierno presentará antes de que finalice el año un «plan de derechos humanos», documento que, según explicó, impulsará la actuación de los poderes públicos en este campo.

De la Vega aseguró que el Gobierno permanecerá atento a toda vulneración de derechos, y citó en concreto el derecho al aborto, tras los casos de mujeres que han visto peligrar el derecho a la intimidad, o el convenio que permite a religiosos formar parte del comité de ética de los hospitales públicos. En política territorial, apostó por perfeccionar el Estado de las autonomías, institucionalizando la Conferencia de Presidentes y convirtiendo la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en actor fundamental.

«Pasaron los tiempos de la reivindicación, pasaron los tiempos de la confrontación», manifestó de la Vega, quien anunció que todos los proyectos normativos incorporarán un «informe de impacto autonómico». Junto a esta cuestión, apostó por basar la relación entre el Gobierno y el Parlamento en el diálogo, el consenso y la responsabilidad y reiteró la necesidad de renovar los órganos constitucionales.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que «no habrá perdedores» con el nuevo sistema de financiación, y se mostró convencida de que se llegará a un acuerdo con las comunidades autónomas en esta materia antes de agosto. Asimismo, reconoció que el acuerdo «no será fácil», si bien se logrará y «terminará beneficiando a todos». La vicepresidenta quiso dejar claro que el Ejecutivo no se ha planteado un retraso en las negociaciones ni está a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos contra el Estatut de Catalunya, que el alto tribunal emitirá «cuando estime oportuno». La intención del Gobierno es lograr un acuerdo político antes de agosto -fecha que fija el nuevo Estatut para ello-, a fin de que la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas pueda tramitarse tras el verano y entrar en vigor en 2009. De la Vega afirmó que «hay base» para un acuerdo porque en los estatutos aprobados en la pasada legislatura «son más las coincidencias que las diferencias». La intención del Gobierno, agregó, es que el nuevo sistema refuerce la autonomía financiera, para que las comunidades «dependan más de sí mismas y menos del Estado, y a la vez garantice mecanismos de solidaridad y de convergencia regional».