El Poder Judicial critica a la «minoría» que apoya la huelga del 18 de febrero

En un comunicado leído por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces «lamenta» que en las juntas de jueces celebradas el miércoles una «minoría» de ellos manifestara su voluntad de adoptar «medidas de presión» que considera «precipitadas y que podrían dejar indefensos a los ciudadanos», en referencia a la huelga del 18-F.

«Es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación», añade el Consejo, que recuerda que trabaja junto al Gobierno, las comunidades autónomas y las asociaciones judiciales para modernizar la Justicia y atender las reivindicaciones de los magistrados.

Según las cifras facilitadas ayer por el CGPJ, en las juntas y asambleas celebradas el miércoles la convocatoria de una huelga en febrero fue respaldada por un total de 829 jueces, lo que equivale a entre el 18 y el 20 por ciento del total de la plantilla de la carrera judicial.

La decisión de estos jueces de convocar un paro sin esperar al resultado de las negociaciones que se mantienen con el Ministerio de Justicia no sólo ha molestado al CGPJ, sino a las propias asociaciones judiciales, que planteaban protestas simbólicas el 18-F y aplazar una posible huelga hasta el 26 de junio.

Mientras tanto, el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vinculó ayer de forma directa la huelga del 18-F a la sanción impuesta al juez de Sevilla Rafael Tirado por no ejecutar una sentencia que condenó por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés y no ve «lógica» la convocatoria en pleno diálogo entre las partes.

Por su parte, las principales asociaciones de fiscales, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Fiscales, no apoyan el acuerdo de las juntas de jueces de más de una decena de ciudades y regiones del país que decidieron ir a la huelga el 18 de febrero. El portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García, declaró que la convocatoria de huelga es «inoportuna» y «prematura», aunque especificó que su organización apoya «al cien por cien» las reivindicaciones de este colectivo en lo referido a la mejora del servicio público de Justicia.