El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados (d), emplazó ayer, en nombre del Gobierno regional de Madrid, «a todas las personas, instituciones y medios de comunicación a que pongan en conocimiento de la Justicia las pruebas que acrediten lo que nosotros calificamos como la gran mentira de una trama de espionaje».

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La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha abierto una investigación tras las denuncias presentadas por una supuesta red de espionaje a miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre y de Alberto Ruiz-Gallardón, integrada por ex agentes al servicio de la Comunidad de Madrid. La fiscalía también ha acordado citar como testigo a Francisco Mercado, periodista de El País autor de las informaciones que han destapado la supuesta red de espionaje.

Según informó ayer el TSJM, la investigación se abre tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía por el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, 'número 2' del Gobierno de Aguirre, y por Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Ruiz-Gallardón, por los supuestos seguimientos de que han sido objeto.

El presidente del Gobierno de la nación, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que habló ayer por primera vez sobre este asunto, instó a la dirección del PP a «mirar a quien tiene que mirar», y no al Ministerio del Interior, para aclarar la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, y le pidió que «asuma responsabilidades y tome decisiones». Horas antes desde Génova se insinuó que detrás de la trama estaba el Ministerio de Interior.

En un comunicado hecho público ayer por la tarde, la dirección nacional del PP pide a la Justicia que abra una investigación inmediata para depurar las responsabilidades penales que pudieran derivarse, y ha prometido también exigir «con absoluta firmeza y determinación» las responsabilidades políticas que haya. Añade que la dirección del PP, con su presidente a la cabeza, Mariano Rajoy, dice sentir repugnancia ante la práctica de escuchas o seguimientos ilegales. Por ello, Rajoy ha dado instrucciones a la Secretaría General del PP para que recabe toda la información necesaria con el fin de aclarar «hasta sus últimos extremos lo ocurrido» y adoptar, en su caso, las medidas pertinentes.