Imagen de archivo del ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben Eilezer en un acto en 2002. g Foto: MICHAEL KREMER/EFE

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque «desproporcionado» en la franja de Gaza, el 22 de julio de 2002, en el que murieron un líder de Hamás y catorce civiles.

Andreu admitió a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos por el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade, que se saldó con su muerte y la de catorce civiles "la mayoría niños y bebés" e hirió a 150 personas.

Este ataque «contra la población civil», según indica Andreu en el auto en el que admite la querella, «es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva» y advierte de que, «si en el curso de este procedimiento se prueba» que responde a «una estrategia preconcebida», podría dar lugar a una calificación «más grave» de los hechos.

En su resolución, Andreu acuerda cursar una comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a la franja de Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas del ataque, y otra al Gobierno israelí para notificar el auto a los imputados con el objeto de citarles para ser interrogados.

Sin embargo, todo indica que Israel no colaborará, ya que, según explica el propio Andreu en su auto, la decisión de admitir la querella la ha adoptado tras «no haber recibido respuesta alguna a la solicitud formulada» al Estado de Israel sobre si se estaba investigando ya este ataque.

Según Andreu, «a la vista» del relato de hechos de la querella, «nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo», que debe ser considerado «indiciariamente» como un delito contra la humanidad que puede ser investigado por la Justicia española en virtud del principio de jurisdicción universal.

Entre los imputados destacan, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog; el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Àngel Moratinos, afirmó ayer que la fuerza militar aplicada por Israel en Gaza «no proporciona soluciones duraderas ni garantiza la seguridad» en Oriente Próximo, aunque condenó también la conducta de Hamás.

Moratinos trasladó este mensaje en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para informar sobre la situación en Oriente Próximo tras la ofensiva israelí en Gaza, que costó la vida a más de 1.400 palestinos después de tres semanas de bombardeos. Aunque se mostró comprensivo con la necesidad de seguridad israelí, el ministro hizo hincapié en que la reacción fue «desproporcionada».