El gobernador del Banco de España, Miguel Àngel Fernández Ordóñez, dijo ayer que los costes de despido, «a cargo exclusivamente del sector privado», desincentivan la contratación y la creación de empresas. Fernández Ordóñez señaló también que los mecanismos de ajuste laboral de la economía «no funcionan de forma adecuada» al favorecer el desempleo y provocar efectos perjudiciales sobre la productividad, todo ello pone de manifiesto el «rotundo fracaso» para frenar el paro.
Ordóñez indicó que gran parte de la opinión pública cree, de forma equivocada, que el actual sistema protege a los trabajadores, e insistió en que su exposición no tenía nada que ver con «el debate sobre si se debe o no abaratar el despido».
Ordóñez comparó las tasas de paro españolas con otros países de nuestro entorno, como Francia y Alemania, y recordó que esos países han acometido ya reformas en este campo. También puso como ejemplo los sistemas laborales de Austria y Dinamarca, donde se ha mejorado el pago periódico y «prácticamente se ha suprimido la indemnización por desempleo», que en el primer caso se ha materializado con la creación de fondos individuales para cada trabajador que se ponen a su disposición al perder el puesto de trabajo como una forma de complementar el subsidio de paro.
En caso de jubilarse en la empresa, el trabajador recibe de ese fondo una fuente adicional de recursos. En este sentido, comparó la actual protección laboral a los trabajadores con la autarquía «que caracterizó a la economía española en los años cincuenta». En concreto, Fernández Ordóñez dijo que tal y como está diseñada la actual indemnización por desempleo se desincentiva la movilidad de los trabajadores y el crecimiento de las empresas más productivas.
Con instituciones laborales inadecuadas, dijo, se provocan «efectos perniciosos» no sólo en la productividad y el crecimiento económico, sino sobre el bienestar de los trabajadores. Aunque señaló que la del mercado laboral no es la única «reforma estructural» que la economía española debe abordar, sí es la más importante para recuperar los niveles de productividad de los últimos años si el país quiere comportarse en el futuro «tan positivamente como en el pasado».
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