El juez Baltasar Garzón ha orientado sus pesquisas sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP a averiguar la identidad de los funcionarios y autoridades de consistorios y Consejerías de las Comunidades de Madrid y Valencia que aceptaron sobornos del grupo liderado por Francisco Correa.
Así lo advierte el magistrado de la Audiencia Nacional en el auto en el que en la madrugada de ayer ordenó el ingreso en prisión incondicional de Correa -del que dice que el pasado día 7 trató de huir a un país centroamericano- y de dos de sus más estrechos colaboradores, su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.
Además, Garzón ha comenzado a tomar declaración pasadas las ocho de la tarde de ayer al último detenido en la «operación Gürtel» (correa, en alemán), Alvaro Pérez Alonso, conocido como «El bigotes», responsable de la empresa Orange Market, filial en Valencia de Special Events, una de las sociedades de Correa.
Mientras tanto, el PP escenificó ayer en la Audiencia Nacional su malestar por la investigación, que le ha llevado a romper el pacto de Estado por la Justicia mientras Mariano Fernández Bermejo siga siendo ministro y a anunciar la recusación del juez que instruye el caso. Así, sus dirigentes Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo acudieron ayer por la mañana a la sede del tribunal para entregar un escrito en el que solicitan personarse en el caso como acusación particular y otro -que ni siquiera será examinado si no se admite el primero- en el que piden que Garzón se aparte de la investigación.
El PP se remonta hasta el año 1993, cuando el magistrado fue incluido en las listas electorales del PSOE, para demostrar su «enemistad manifiesta» con los «populares». El partido que preside Mariano Rajoy también ha pedido al Consejo General del Poder Judicial que se pronuncie sobre la coincidencia de Garzón y Bermejo en una cacería el pasado fin de semana y que proceda a «la depuración de las responsabilidades de todo orden a que hubiera lugar por la escandalosa conducta del magistrado».
En la primera resolución judicial que se ha conocido sobre el caso, Garzón describe la trama como «un grupo organizado de personas y empresas» liderado por Correa y del que forman parte, «en inmediata relación de jerarquía», Crespo, Sánchez y «otros imputados».
Según el juez, como mínimo durante los últimos diez años el grupo se ha dedicado a «captar negocios» y «fondos» en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia a través de un conglomerado empresarial que incluye una «estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda» y participadas «por entidades creadas en paraísos fiscales».
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