Los jueces anuncian en el Congreso que aceptan retomar el diálogo

Los representantes de las cuatro asociaciones judiciales -la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)- comparecieron ayer ante la Comisión de Justicia para explicar sus reivindicaciones y las razones que les llevaron a la movilización de la pasada semana.

Todos ellos defendieron su derecho a la huelga a pesar de ser un poder del Estado y reiteraron las peticiones que plasmaron el pasado 12 de enero en el documento conjunto en el que demandan mejoras en la Administración de Justicia.

En este sentido, dieron un voto de confianza al nuevo ministro, Francisco Caamaño, para recuperar el diálogo, aunque advirtieron de que si fracasa el proceso negociador se mantendrá la huelga anunciada para el 26 de junio.

El presidente de la APM, Jesús Chamorro, destacó que el camino a seguir es el de la negociación dentro del sentido de la responsabilidad institucional, aunque advirtió que serán «firmes» en la defensa de sus reivindicaciones.

Por ello, explicó a los diputados que la posibilidad de acudir a una huelga no es un fin en sí mismo, ya que pretenden agotar las vías de diálogo, y ha recordado a los grupos que compete al Parlamento regular este derecho.

También mostró su disposición al diálogo el portavoz de una de las asociaciones convocantes de la huelga del pasado día 18, la Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, quien dio un margen de confianza al nuevo ministro de Justicia y espera que detrás de su invitación al diálogo «haya algún fundamento».

Según Sexmero, el paro de jueces no fue un acto de irresponsabilidad sino, por el contrario, una enorme muestra de responsabilidad para pedir un cambio que permita la tutela judicial efectiva y se preguntó si habrían comparecido en el Congreso en caso de no haber protagonizado esa protesta.

El portavoz de JpD, Miguel Angel Gimeno, recordó que su asociación ha optado por la negociación y que sólo se plantean la huelga como «último extremo», ya que prefieren llegar a acuerdos, aunque defiende que los jueces pueden ejercitar ese derecho.