La Fiscalía Anticorrupción contestó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que la investigación de la presunta trama de corrupción vinculada al PP, desmantelada en la denominada 'operación Gürtel», corresponde a los tribunales superiores de Madrid y de Valencia, por estar indiciariamente implicados diputados o cargos autonómicos de ambas autonomías.
De este modo, la Fiscalía rechaza que el caso corresponda al Tribunal Supremo, una cuestión sobre la que fue preguntada expresamente por Garzón el pasado día 25. El magistrado señaló en una providencia que los últimos informes policiales apuntaban a a casos de aforados nacionales (diputados del Congreso, senadores o europarlamentarios), por lo que la causa debería elevarse al alto tribunal.
En una escueta nota de prensa remitida ayer por el Gabinete de Prensa de la Fiscalía General del Estado, Anticorrupción ni siquiera menciona al Tribunal Supremo. Simplemente señala que, «en su informe, la Fiscalía Anticorrupción se ratifica en las conclusiones a que llegó en su anterior informe solicitándose, en consecuencia, la elevación de 'Exposición Razonada' tanto al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid como al de la Comunidad Valenciana»
Añade que la remisión de la causa a los dos TSJ citados se realizará «sin perjuicio de que pueda continuar en el juzgado la instrucción de la causa (Art. 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) hasta tanto se resuelva la competencia por los órganos judiciales competentes».
La primera interpretación que debe darse al informe de la Fiscalía es que el Ministerio Público no encuentra indicios suficientes para implicar en la trama a parlamentarios nacionales del PP.
El día en el que Garzón elevó su petición a Anticorrupción, distintos medios apuntaron que los posibles aforados serían el tesorero del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado del mismo partido Gerardo Galeote. Por su parte, el propio Garzón negó «rotundamente», a través del Gabinete de Prensa de la Audiencia Nacional, que otro de los posibles aforados fuera el diputado Esteban González Pons. El ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero se ha negado ayer a declarar como imputado en el caso hasta que Garzón se inhiba.
Además de González Panero, comparecieron otros cinco imputados, a los que el magistrado dejó en libertad sin medidas cautelares, entre ellos el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso y el empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri.
De este modo, de los 37 imputados son ya 26 -sin contar a González Panero- los que se encuentran en libertad y sólo tres han ingresado en prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo, que hasta 1999 fue secretario de organización del PP gallego.
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