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España está en una situación de «emergencia nacional» que requiere de un compromiso de todos los agentes políticos, económicos y sociales «sin excepción» para afrontar una crisis económica con especial incidencia en el empleo y ante la que las medidas adoptadas se han mostrado «insuficientes».

Éste es el diagnóstico que hizo ayer el presidente del BBVA, Francisco González, que se mostró además contrario al proteccionismo y que pidió que no se mantengan en pie entidades «irremediablemente dañadas».

La recuperación económica es una tarea «de tal envergadura que ningún Gobierno, ningún partido, puede llevarla a cabo en solitario, sino que exige el esfuerzo, el sacrificio y la implantación de todos», aseguró. Para el presidente del BBVA, España está sufriendo «con mucha severidad» la crisis, por lo que se requiere, «hoy más que nunca», de un «gran acuerdo y un gran contrato económico y social» para afrontar los problemas del país y avanzar hacia un modelo «más productivo, más competitivo y más generador de empleo y riqueza».

El presidente de BBVA, Francisco González, se mostró contrario a «mantener en pie» a una entidad «irremediablemente dañada» mediante ayudas públicas, porque afecta negativamente al funcionamiento del sistema y perpetúa la desconfianza». Según dijo, una entidad dañada se ve incapacitada para dar crédito, lo que constituye la esencia de la banca, y consume recursos públicos y privados «tan escasos y tan necesarios».

A su juicio, estos recursos podrían destinarse a identificar y aislar las entidades débiles, sanearlas y reestructurarlas y devolverlas al sector privado, a través de procedimientos transparentes.

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, aseguró ayer que el Estado ayudará a las entidades que hayan actuado correctamente en cuanto a su solvencia y que cuenten con unas cuentas públicas saneadas. Las que no cumplan estas condiciones dejarán de «ser jugadores del sistema para no generar distorsiones en el sector público».

No obstante, aseguró que «lógicamente» habrá apoyo público para las entidades que «tienen que jugar un papel fundamental» y que hayan actuado «correctamente en cuanto a solvencia y en cuanto a sanidad de sus cuentas».