El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, denunció ayer que se tiene que apoyar únicamente en la Guardia Civil porque la policía no atiende habitualmente a las peticiones de su departamento en relación a las listas que periódicamente pretende presentar a las urnas el entorno de ETA.
Según criticó, la policía responde sólo a las peticiones del juez instructor de la Audiencia Nacional encargado de la investigación del entramado político de la banda, Baltasar Garzón. En este sentido, señaló que le ha comunicado la situación al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
«Hemos abierto una diligencia de investigación en la Fiscalía del Tribunal inmediatamente después de que se hayan convocado las elecciones y hemos solicitado a la Guardia Civil, digo la Guardia Civil porque es la que nos ha permitido realmente impugnar ANV y al PCTV, hemos pedido a la Guardia Civil, no a la policía» explicaba Conde-Pumpido, y añadió que la policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor», dijo.
Según declaró, «la competencia para la impugnación corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo, y por lo tanto es la que tiene que recibir directamente los informes que reclama de Guardia Civil y policía». «En ocasiones no los hemos recibido», denunció.
Preguntado sobre si ha hablado de este asunto con el Ministerio del Interior se limitó a decir que «sí», al tiempo que solicitó no seguir contestando a preguntas sobre este tema. «Prefiero no seguir con este tema», zanjó.
El secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, eludió pronunciarse sobre las declaraciones de Conde-Pumpido, aunque aseguró que el Ministerio de Interior defenderá tanto a la policía como a la Guardia Civil de «todos los ataques injustos que puedan producirse».
Por su parte, el portavoz del PNV en la Comisión de Interior del Congreso, Emilio Olabarría, pidió al fiscal general que aporte más datos sobre la supuesta «falta de lealtad» mostrada por la policía con la Fiscalía en la investigación de la listas electorales de partidos vinculados a ETA, ya que, a su juicio, de confirmarse esa actitud sería «gravísima», y que concrete además con qué dimensión se ha producido y qué efectos jurídicos ha tenido.
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