Luz en medio del túnel

Esta tarifa reducida se incluye en un Real Decreto-Ley con el que se pretende solucionar el problema del déficit tarifario, la diferencia que se produce cuando los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para hacer frente a los costes, una deuda que el Estado avalará con 10.000 millones de euros.

El Ejecutivo asumirá también, de forma gradual, los costes de la generación extrapeninsular (Balears, Canarias, Ceuta y Melilla), que se elevan a unos 1.300 millones de euros

A esta nueva tarifa reducida podrán acogerse los consumidores que tengan en su primera vivienda una potencia contratada de hasta 3 Kw, unos cuatro millones de hogares en total.

Además, podrán solicitarla las familias acogidas a la tarifa de último recurso (TUR), que entrará en vigor el próximo 1 de julio, que reciben pensiones mínimas, las numerosas y las que tienen a todos sus miembros en paro, lo que extiende el número de beneficiados a un millón más.

En total, el número de ciudadanos beneficiados por esta medida se eleva a 14'5 millones. El bono social, cuyo coste asumirán las compañías eléctricas, cubrirá la diferencia entre el valor de la TUR y la tarifa reducida. Esta congelación de tarifas para los colectivos con menos recursos se mantendrá hasta 2012, fecha en la que se revisará la normativa aprobada.

Las eléctricas asumirán también el coste de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible nuclear gastado, lo que asciende a 2.700 millones de euros. Por su parte, el Estado avalará hasta 10.000 millones de euros el déficit tarifario sin titulizar -convertir los derechos de cobro en títulos negociables-.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró su satisfacción ante esta iniciativa e insistió en que es necesario que haya «un coste cero» en la subida de la luz para estos colectivos.

Asimismo, en cuanto al déficit tarifario, afirmó que de manera consensuada se ha puesto fin a un «problema histórico» que ponía en «riesgo» la seguridad del suministro.

Por su parte, las principales organizaciones de consumidores, Ceacu y Facua, han denunciado la falta de transparencia del «bono social» ya que, en su opinión, el Real Decreto no especifica de qué manera se compensará a los consumidores.