El Tribunal Constitucional estimó ayer el recurso de amparo presentado por Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) contra la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de su candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio.
El máximo órgano judicial considera así que esta lista electoral, encabezada por el dramatrugo Alfonso Sastre, puede presentarse a las elecciones cuya campaña comenzó ayer.
La Sala Segunda, que llevaba deliberando este asunto desde primera hora de la mañana, acogió en parte los argumentos expuestos por los representantes de II-SP en su recurso, entre ellos la condena expresa al uso de la violencia para fines políticos.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado consideraron en sus alegaciones que tal condena llegaba tarde, tras la anulación de la candidatura, y además carecía de valor por ser meramente genérica y no referirse expresamente a ETA.
En su recurso de amparo ante el TC, presentado el pasado lunes, II-SP manifestaba «de forma clara y sin ambigüedades que nunca ha utilizado medios que no sean estrictamente políticos, siendo el uso de la violencia completamente ajeno a su forma de acción y cultura política» y expresaba «un claro rechazo y condena del uso de la violencia para la obtención de objetivos políticos en el marco de un Estado Democrático».
El Tribunal Supremo consideró que la candidatura de II-SP es un mero «ardid» del entorno de ETA para mantenerse en las instituciones democráticas y que tras analizarse el perfil de los promotores, representantes, candidatos y avalistas de II-SP, se concluyó que «la candidatura no es más que una mera instrumentalización de un objetivo, el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso el Parlamento Europeo».
Entre las pruebas a favor de la anulación de la lista, el Supremo destacó el pasado de Sastre y de la número dos de la lista, Doris Benegas, en distintas organizaciones y partidos del entorno de Batasuna, la vinculación a este ámbito de varios promotores de la coalición y el hecho de que tras la retirada de los avales presentados por varios partidos democráticos, este apoyo fuera suplido por seis concejales electos de la ilegalizada Acción Nacionalista Vasca (ANV).
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