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EFE-ZAMORA/MADRID Un grupo de hombres asesinados en los primeros días de la Guerra Civil han permanecido enterrados en dos fosas comunes en Santa Marta de Tera (Zamora) hasta que ayer, por orden de una juez, han comenzado las excavaciones que permitan a sus familiares cerrar las heridas 73 años después.

La juez de Benavente, Tania María Chico, ha sido la primera en España en atender al requerimiento del magistrado Baltasar Garzón para que se haga justicia y los restos mortales de tres o cuatro asesinados en Destriana (León) y cuatro de Benavente (Zamora) reciban un entierro digno. A primera hora de la mañana se iniciaron los trabajos de exhumación, que está previsto que se prolonguen durante dos o tres días, para hallar e identificar a los asesinados, cuyos familiares se han acercado hoy hasta Santa Marta de Tera.

Uno de ellos, José Fernández Valderrey, nieto de Baltasar Valderrey, ha recordado cómo su madre le contaba que cuando ella tenía 11 años, en agosto de 1936, llegaron a Destriana «unos pistoleros mandados por el cura y los terratenientes del pueblo».

Es la primera vez que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica logra el aval judicial en su lucha para que los asesinados por el bando nacionalista durante la Guerra Civil reciban un entierro digno.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha emplazó ayer por unanimidad al Consejo General del Poder Judicial a pronunciarse sobre si la falta del juez Baltasar Garzón al dejar libres por error a dos narcotraficantes turcos ha pasado de leve a grave ante la huida en febrero de uno de ellos.

Con este fin, la Sala -encabezada por el presidente de este tribunal, Angel Juanes- remitirá a la Comisión Disciplinaria del CGPJ copia del expediente abierto a Garzón por falta leve para que efectúe «una valoración de los hechos atendidas las circunstancias sobrevenidas», en referencia a la huida de Sahin Eren, que no se había producido cuando se incoó el expediente en enero pasado.