La alcaldesa de Valencia en una rueda de prensa multitudinaria celebrada en el Ayuntamiento. Foto: EFE

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EFE-VALENCIA

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha defendido de las informaciones que la relacionan con la supuesta trama del 'caso Gürtel' y ha señalado que «todos los políticos de este país, desde el primero hasta el último, reciben regalos», aunque los del presidente del Gobierno «tienen que ser más grandes y caros».

En una concurrida comparecencia ante los medios de comunicación, y amparada por la mayoría de los concejales de su equipo de Gobierno, Barberá ha asegurado que es una persona «íntegra» y ha advertido que empleará los recursos judiciales necesarios para «denunciar las actitudes totalitarias» del PSOE.

Preguntada por las informaciones que indican que podría haber recibido regalos de uno de supuestos líderes de la trama de corrupción, ha contestado: «Todos los políticos de este país, desde el primero hasta el último, reciben regalos, y sospecho que los del presidente del Gobierno tienen que ser más grandes y más caros que los de la alcaldesa y los concejales».

A su juicio, las noticias aparecidas pretenden «dirigir intencionadamente» su nombre para que los ciudadanos «lo vean vinculado» con el caso «Gürtel».

«Aquí está la respuesta a las anchoas», ha dicho en referencia a la comparación que hizo entre los regalos que recibe el presidente del Gobierno y los trajes que supuestamente ha recibido como dádivas el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Barberá ha acusado a la «izquierda política, social y mediática» de carecer de «convicción democrática» y de «vulnerar el respeto hacia las personas» porque «no pueden ganar en las urnas».

No obstante, ha asegurado que nadie le va a «amedrentar» ni a «callar», y que es ella quien, «en plenitud» de sus «derechos», va «a pedir explicaciones del porqué».

Las declaraciones de la alcaldesa de Valencia han coincidido con las de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha anunciado que su partido utilizará todas las acciones judiciales que estén «a su alcance» para defenderse de una «planificación sistemática» orquestada para «hacer daño» a los populares.