El debate sobre el anteproyecto del Gobierno sobre la Ley del Aborto se ha bloqueado en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), que no consiguió aprobar un informe, por lo que por primera vez en la historia el órgano de gobierno de los jueces no emite un dictamen sobre una reforma legislativa. Durante la reunión del Pleno, el Consejo votó el informe aprobado por la Comisión de Estudios, que veía oportuno que los padres fueran informados de que sus hijas menores iban a abortar, y no ha logrado una mayoría suficiente para su aprobación (12 votos), ya que se ha registrado un empate a diez votos, a favor (los vocales propuestos por el PSOE y PNV) y en contra (los del PP y el presidente) y una abstención, la del vocal Ramón Camp, propuesto por CiU.
Tampoco recibió el respaldo suficiente otro texto (contrario al texto del Ejecutivo y discrepante con el de la Comisión de Estudios), presentado por el vocal conservador Claro José Fernández, ya que recibió diez apoyos (los consejeros conservadores) y once en contra (los del PSOE, PNV y CiU). Los vocales analizaron la posibilidad de hacer un tercer informe, que se descartan, según explicó la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, teniendo en cuenta que ya se habían pedido dos prórrogas al Gobierno del plazo previsto para emitirlo y porque «pese a los grandes esfuerzos y trabajos, no se ha conseguido consensuar» un texto.
«El Consejo no va a emitir ningún informe», explicó Bravo, quien reconoció que «la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas» en la sociedad y en el seno del órgano de gobierno de los jueces. La portavoz señaló que el Consejo «ha desarrollado un trabajo técnico y como órgano consultivo ha procurado hacer un informe que sirviera para mejorar el texto legal, pero tras el debate correspondiente no se han conseguido consensuar voluntades suficientes para poder sacar el informe adelante».
Pese a que aconsejaba informar a los padres, también reconocía que pueden darse «circunstancias excepcionales» que fundamenten la «no información en beneficio de la menor».
El vocal de CiU ha justificado su abstención a este informe porque aunque estaba de acuerdo «con la viabilidad constitucional de la introducción de un sistema de plazos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo», considera que «no se ajusta a la Constitución, principalmente en relación al sistema de garantías».
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