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OTR/PRES-MADRID El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, que investiga el caso de presuntos espionajes a políticos de la Comunidad de Madrid, ha llamado a declarar en calidad de imputados a los asesores de seguridad eventuales de la Consejería de Interior, José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre. Además, la jueza investiga si hubo malversación de fondos para sufragar los gastos de los supuestos espionajes.

La magistrada de instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha llamado a declarar el próximo 30 de julio a los asesores de seguridad eventuales de la Consejería de Interior, José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro Vinagre en calidad de imputados. Según la providencia, la jueza justifica esta petición en las gestiones realizadas por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.

Fondos
En este sentido, investiga si hubo malversación de fondos por parte de la Consejería de Interior para sufragar los gastos de los supuestos espionajes sufridos tanto por parte del ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, como por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Así, la jueza reclama poder interrogar a tres de los ex guardias civiles que el propio Prada pidió hace unas semanas que fueran imputados conforme a los datos que arrojan los informes sobre las presuntas vigilancias ilegales que sufrió entre abril y marzo de 2008.

La magistrada, que descarta archivar las diligencias, tiene sobre su mesa desde el 24 de junio un escrito del diputado regional del PP en el pedía que cite a declarar como imputados a dos técnicos y seis asesores del departamento de Francisco Granados ante sus sospechas de que podrían estar detrás de los seguimientos que sufrió.

Diligencias
El documento decía que incoe diligencias previas contra el técnico en Seguridad, José Manuel Pinto; el eventual de confianza de la Consejería, José Palomo; y los asesores de seguridad eventuales, José Oreja, Antonio Coronado, José Luis Caro Vinagre, Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles.

Prada también reclamó en otro escrito una prueba pericial caligráfica de las mismas personas con el fin de que, junto con los documentos originales en la causa, se remitiera a la Comisaría General de la Policía Científica para que los peritos caligráficos determinen la autoría de los documentos que obran en la causa y si los escritos han sido confeccionados por estas personas.