Los portavoces del PSOE, Esquerra (ERC), IU-ICV y Bloque Nacionalista Galego (BNG) coincidieron ayer en el Congreso en tachar de «mentiras» fruto del «delirio» o de la «paranoia» las acusaciones que lanzan los 'populares' sobre una supuesta persecución por parte del Gobierno. Además, estos cuatro partidos rechazaron las comparecencias de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, solicitadas por el PP.
Por su parte, CiU y PNV optaron por la abstención. No obstante, los vascos ofrecieron su apoyo a una comisión de investigación si el PP aporta una «prueba».
La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó las acusaciones que el PP ha venido lanzando durante las últimas semanas. En este sentido, aseguró que el Gobierno maneja «a su antojo» a la Fiscalía, que, a su juicio, investiga los casos de presunta corrupción en función del color político del investigado. Y es que para la 'popular', todo se trata de una estrategia de «acoso a la oposición», de «abuso de poder» y de «utilización» de las instituciones.
«Inventos e insidias»
Contestó a estas acusaciones el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, quien replicó que el PP está siguiendo un «discurso demoledor contra el Estado de Derecho», llegando incluso a hablar de «estado policial» y de «inquisición». «Son un conjunto de inventos, insidias y mentiras», proclamó el socialista.
El secretario general de ERC, Joan Ridao, también enmarcó estas actuaciones en «una paranoia tan delirante como la trama del 11-M». En la misma línea, Gaspar Llamazares, desde IU-ICV, aconsejó al partido liderado por Rajoy no creerse sus propias mentiras ni convertir en su fabulación un delirio de persecución.
Desde BNG, Francisco Jorquera indicó que las peticiones de comparecencia del PP sólo son «cortinas de humo» para tapar los escándalos que le afectan.
IU, CiU, PNV y BNG también tuvieron palabras para cuestionar que fuera la vicepresidenta del Gobierno la que anunciase el recurso de la Fiscalía contra el archivo de la causa contra el presidente valenciano, Francisco Camps. Además, CiU, ERC y el BNG reconocieron la existencia de filtraciones de las diligencias policiales y judiciales.
Por otro lado, Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, sacó a colación las denuncias acerca de una supuesta infiltración de los servicios de inteligencia en el seno de Aralar buscando su desestabilización, y pidió que se investigaran.
La Diputación Permanente del Congreso rechazó también la petición de comparecencia extraordinaria del ministro de Fomento, José Blanco, para que explicase las causas del apagón registrado en la T4 de Barajas el 15 de agosto y los cortes registrados en el AVE. Ambas peticiones, formuladas por el PP, fueron rechazadas por 25 votos (PSOE y Grupo Mixto) a 21 (PP más el PNV) y seis abstenciones, quedando estas explicaciones pendientes de la comparecencia del ministro con carácter ordinario ante la Comisión de Fomento durante el mes de septiembre. Otra petición presentada por Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Grupo Vasco, para que Blanco diese datos sobre el informe «provisional» del accidente del avión de Spanair, fue retirada al llegar a un acuerdo para que el ministro lo explique en sesión ordinaria a principios de septiembre.
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