Inconstitucional e ilegal. Así definió ayer el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que el «control» del sistema de interceptación de las comunicaciones Sitel recaiga en el Ministerio del Interior. Además, anunció que el PP llevará al Congreso una iniciativa para que esa competencia sea en «exclusiva» del juez. Igualmente, explicó que el Gobierno del PP «nunca lo puso en marcha» al desaconsejarlo los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de los Ministerios de Justicia y Defensa.
El PP sostiene, en la proposición no de ley que presentó ayer mismo, que «el avanzado sistema informático» de Sitel que «gestiona Alfredo Pérez Rubalcaba «permite» la interceptación de las comunicaciones y la recogida de un conjunto de datos conocidos como «información asociada a la comunicación», que permiten que pueda seguir interceptando una comunicación «aunque se cambie de teléfono o de tarjeta SIM», e incluso saber la localización geográfica de los interlocutores, mensajes SMS o los accesos a internet.
Continuó diciendo que «se aporta mucha más información sobre la persona a la que se investiga que la mera conversación a la que generalmente se refiere el juez cuando autoriza la interceptación telefónica». «No sólo se puede vulnerar el derecho a las comunicación sino también el derecho a la intimidad», recalcó.
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