Entre los que se sentarán en el banquillo por este sumario (4/08) se encuentran los ex dirigentes de Batasuna Pernando Barrena, Marije Fullaondo y Juan José Petrikorena; la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro; las ex diputadas Nekane Erauskin y Karmele Berasategui; el presidente de ANV, Kepa Bereziartua; y el de PCTV, Juan Carlos Ramos. El pasado 1 de diciembre, el juez Baltasar Garzón, actualmente suspendido en sus funciones, decretó la conclusión del sumario después de retirar de este procedimiento a Rufino Etxebarria, Juan Cruz Aldasoro y Joseba Permach, que serán juzgados en otra causa diferente por la supuesta financiación de Batasuna y ETA a través de las 'herriko tabernas', y a Juan José Ibaceta, contra el que se archivó la causa.
El escrito de acusación que ha dado a conocer la Fiscalía, de 283 folios, se refiere a la renovación del entramado institucional ETA-Batasuna a partir de octubre 2005 y hasta el año 2009 (momento de desmantelamiento del grupo llamado 'Bateragune'). En esta causa también están procesados los ciudadanos de nacionalidad francesa Jean Claude Aguerre, Aurore Martín y Xabier Philippe Larralde, que formaban parte de la Mesa Nacional de Batasuna en representación de las provincias del País Vasco-Francés, si bien no aparecen en el escrito de conclusiones provisionales al encontrarse en la actualidad se encuentran en paradero desconocido.
El escrito detalla que «con el fin de eludir la acción de la justicia se pretendió participar ilegalmente en las eleccionies mediante candidaturas que actuaran como meros testaferros de Herri Batasuna», tras haber sido anuladas en 2004 y 2005, respectivamente, las candidaturas de Herritarren Zerrenda y Aukera Guztiak.
Batasuna y ANV
En cuanto a la «colaboración» entre Batasuna y ANV -una escisión del Partido Nacionalista Vasco producida en 1930- el escrito detalla que «se compró con la reunión del 24 de enero de 2003 en Barakaldo (Vizcaya) », en un momento en el que Batasuna ya había sido suspendida de actividades, entre Permach e Ibón Arbulu, Antxon Gómez Llorente y Txano Guerrero en representación de ANV. La citada «colaboración», según el escrito fiscal, se centró en la participación en todas las iniciativas puestas en marcha desde la denominada izquierda abertzale por Batasuna (firma de manifiestos conjuntos, críticas de resoluciones judicicales que afectasen a Batsuna, homenajes a miembros de ETA, apoyo a manifestaciones y movilizaciones convocados por colectivos de presos de ETA etc)
Caja única
Los miembros de ANV también participaron, según el escrito, en actos orgánicos de Batasuna, pidieron el voto a favor de agrupaciones electorales promovidas desde el partido ilegalizado e implantaron un sistema de tesorería común o caja única entre ANV-PCTV-Batasuna. Así, existió una «sumisión» de ANV en su actuación política a las directrices marcadas por Batasuna, según señala el escrito, que firman los fiscales Vicente González-Mota y Dolores Delgado. Sobre estos parámetros, se desarrolló una estrategia en función de «tres formas de lucha», la política-institucional, la lucha de masas, y la lucha armada.
En el ámbito de la primera, según la Fiscalía, y además de las mociones sucesivamente presentadas por PCTV en el Parlamento Vasco, el peso fundamental recayó en los grupos municipales de ANV y, especialmente, en las localidades en las que controlaban el Ayuntamiento, a través de la convocatoria de consultas ciudadanas y de la constitución de una «red de electos contra el tren de alta velocidad».
PCTV
Con respecto a PCTV, el escrito recuerda que esta formación se creo como escisión de Batasuna en 2002 y que, pese a que en el artículo 2 de sus Estatutos se afirma que su actividad se realizará «por los medios políticos lícitos», lo cierto «es que esta formación ha sido fagocitada por Batasuna», lo que permitió la continuidad de las actividades ilícitas de ésta a partir de 2005. Esta situación se produjo incluso a nivel de contratación de personal proveniente del entorno institucional de ETA como a través del uso de fondos que fue desviado a dicho entramado a través de transferencias efectuadas «on line» mediante el sistema de caja común, insiste el Ministerio Público en su escrito.
Los fondos de las cuentas de PCTV cuyo origen son las aportaciones de afiliados y simpatizantes de la izquierda abertzale (entre ellas resaltan las efectuadas por 7 miembros del Parlamento Vasco del grupo PCTV) y las subvenciones públicas a la citada formación por importe entre los años 2002 y 2006 de 1.613.245,59 euros.
Las cuentas se utilizaron, según la Fiscalía, para sacar los fondos fuera de España y del control de las autoridades supervisoras, siendo especialmente relevantes las transferencias por importe de 189.00 euros efectuadas tras ordenar el juez instructor del caso, Baltasar Garzón, el registro del local del entramado en Usurbil, así como las realizadas en diciembre de 2007 a miembros de Batasuna en Francia y Bélgica por importe de 208.000 euros y las realizadas a miembros de Batasuan y de Jarrai-Haika (juventudes de Batasuna), que se elevaron a 440.000 euros en esas mismas fechas. Además, y con la finalidad de efectuar los pagos, PCTV contrató como empleados y dio de alta en la Seguridad Social a miembros vinculados a Batasuna o a organizaciones ilegalizadas por su vinculación a ésta.
Arnaldo Otegui
La Fiscalía solicita la comparecencia como testigo en el juicio que se celebrará por estos hechos de Arnaldo Otegi y los también líderes de la izquierda abertzale Joseba Permach, José Federico Alvarez Forcada, Rufino Etxeberria, Karmelo Landa, José Luis Elcoro y Juan Cruz Aldasoro. Pide también en su escrito que se declare la ilicitud y disolución del partido político PCTV y de ANV, ya ilegalizados y cancelada su inscripción en el registro de partidos políticos por la Sala del 61 del Tribunal Supremo.
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