El fiscal pide 83 años para el primer etarra juzgado tras el alto el fuego

En la vista, el acusado se ha negado a contestar «absolutamente a nada» de lo preguntado por su defensa y por el fiscal Juan Moral, que le acusa de los delitos de asesinato terrorista por la muerte del agente Luis Ortiz de la Rosa, estragos y lesiones, así como de 16 faltas de lesiones por las que le reclama una multa de 21.600 euros.

Según ha expuesto el fiscal en su informe de conclusiones finales, Palacios, aunque no participó directamente en la colocación del coche bomba en la calle Ocaña, frente a la Delegación del Ministerio de Justicia, sí tuvo una «conducta típica de co-autoría», ya que confeccionó junto a sus compañeros del 'comando Madrid' el artefacto explosivo tras haber recabado «toda la información» sobre el lugar y fue quien posteriormente reivindicó el atentado.

Moral ha subrayado que la muerte del policía no se puede achacar a una mala actuación de las Fuerzas de Seguridad ni a una «negligencia ciudadana» a la hora de desalojar la zona dado el poco tiempo -entre 15 y 20 minutos- con el que se avisó telefónicamente de la colocación del coche-bomba, y a que no se especificó el lugar concreto.

Por ello, ha proseguido el fiscal, los terroristas, conscientes del «potencial destructivo» de dicho artefacto, perseguían causar la muerte y lesión al mayor número posible de personas.

Conclusiones

Sus conclusiones sobre la participación de Palacios en este atentado, ocurrido el 10 de julio de 2001 y en el que también resultaron heridas veinte personas, se basan en las declaraciones inculpatorias que realizaron en sede policial los etarras ya condenados Ana Belén Egües y Aitor García Aliaga, que ofrecieron un relato «minucioso y escrupuloso» de los hechos.

No obstante, ambos terroristas han asegurado durante el juicio que dichas declaraciones se les entregaron escritas para firmarlas bajo coacciones y torturas, por lo que no han ratificado su contenido.

García, que ha saludado sonriendo al acusado, ha dicho que sólo le conocía por haberle visto en televisión, mientras que su compañera ha reconocido a la presidenta del tribunal, Angela Murillo, que eran «muy buenos amigos», tras lo cual ha insistido en no recordar nada de los hechos.

Por su parte, el abogado del acusado, Haritz Escudero, ha pedido su libre absolución por considerar que no hay pruebas de cargo que demuestren que su defendido participó o colaboró en el atentado de la calle Ocaña ni que, incluso, formara parte del 'comando Madrid'.

Según el letrado, ni en las cinco viviendas ni en los veinte coches robados utilizados por este comando la Policía ha hallado, entre las más de 300 huellas dactilares registradas, la del ex dirigente etarra.

Escudero ha señalado que en ninguna de las investigaciones relacionadas con dicho comando se ha encontrado un «sólo indicio» que lo vinculen a Palacios y ha criticado que los argumentos del representante del Ministerio Público se basen sólo en las declaraciones que Egües y García realizaron bajo torturas.

Gorka Palacios fue detenido en 2003 en Francia cuando era considerado jefe militar de la banda armada, por lo que fue juzgado junto al ex dirigente Juan Ibon Fernández Iradi «Súsper» y condenado el pasado mes de noviembre a 18 años de prisión por el Tribunal de lo Criminal de París.

El fiscal también ha pedido que indemnice conjunta y solidariamente con los otros dos condenados con 300.506 euros a los familiares de Luis Ortiz de la Rosa y con 180.304 euros a un ciudadano que quedó incapacitado para el trabajo tras la explosión.