Así lo ha dicho durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, donde ha explicado que a un total de 659 contribuyentes (dos personas jurídicas y el resto físicas) les fue enviado un primer requerimiento en el mes de junio para que presentaran las declaraciones complementarias necesarias para regularizar su situación con la Hacienda pública.
Ha añadido que se han abierto procesos de inspección a aquellos contribuyentes que no han respondido al requerimiento o que no han dado una «respuesta satisfactoria», aunque no ha precisado cuántos son.
Asimismo, ha asegurado que es imposible calcular que importe ingresará la AEAT por las sanciones que se puedan derivar de esas inspecciones ni por las que pueda imponer un juez en un eventual proceso judicial.
Según Ocaña, ésta es la operación contra el fraude fiscal «más grande de toda la historia del país» y ha considerado que la cantidad regularizada voluntariamente es «muy importante», en respuesta a las críticas de la diputada del PP Ana Madrazo por el procedimiento de actuación elegido.
Ocaña ha asegurado que no se ha renunciado a ninguna vía de actuación y ha explicado que si se optó por los requerimientos fue para evitar la prescripción del fraude, ya que la información recibida de las autoridades francesas se refería a los ejercicios fiscales de 2005 y 2006, el primero de los cuales prescribía el 30 junio.
Al notificar los requerimientos se interrumpió el plazo de prescripción y se ganó tiempo para el resto de actuaciones, ha afirmado, al tiempo en que ha insistido en que no ha habido «ni perdón ni trato de favor» para ningún contribuyente.
Al margen de las cuentas suizas, Ocaña ha dado explicaciones sobre las cuentas ocultas de clientes españoles en Liechtenstein descubiertas entre 2007 y 2008 por la información facilitada por las autoridades del Reino Unido.
Al respecto ha dicho que siguen abiertos en la vía judicial 8 procesos por delito fiscal, además de otro general en el que están imputadas 9 personas más, del total de 200 clientes españoles que contaban con cuentas opacas en el LGT Bank de Liechtenstein.
Ocaña ha explicado que la información conocida entre 2007 y 2008 se refería al ejercicio fiscal 2002, que ya estaba prescrito, por lo que la AEAT ha derivado a la Fiscalía Anticorrupción los casos susceptibles de ser enjuiciados por delito fiscal.
En total, se ha enviado a la Fiscalía información sobre 65 personas, en tanto que la justicia ha admitido a trámite procedimientos que implicaban a alrededor de 40 personas, de los que buena parte se archivaron al acreditarse que los fondos defraudados se correspondían a ejercicios ya prescritos.
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