Ridao (ERC), Duran Lleida (CiU) y Sáenz de Santamaría (PP), ayer en el Congreso.

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El pleno del Congreso rechazó ayer una moción de CiU para que el Gobierno anticipe a Catalunya el Fondo de Competitividad de 2011, propuesta que contó con el respaldo del PP, ERC-IU-ICV y BNG. De haberse aprobado, el resto de autonomías con derecho a dicho Fondo también lo recibirían, en este grupo se encuentra Balears.

La iniciativa fue desestimada por 168 votos en contra (PSOE y UPyD), frente a 161 votos a favor y 10 abstenciones (PNV, UPN y CC). El PSC, en contra de lo que hizo en el Senado ante una iniciativa similar, votó en esta ocasión junto a sus compañeros del grupo socialista para rechazar la propuesta.

En defensa de la moción intervino el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, quien pidió que el Gobierno pague a Catalunya el Fondo de Competitividad de 2011, que estima en 1.450 millones de euros, para que ésta pueda atender todos sus compromisos.

Diálogo bilateral

La diputada del PSC Montserrat Colldeforns apostó por el diálogo bilateral para «abrir una puerta y ayudar a Catalunya a salir adelante», en lugar de «practicar el cinismo electoral, provocar el espectáculo y, al final, retrasar los resultados», además de «abonar el camino al PP».

Tras el debate, el portavoz del PSC, Daniel Fernández, aventuró que CiU y el PP están preparando una nueva alianza política de derechas: «parece como si estuvieran redecorando una habitación del Majestic para volver a convivir juntos».

El diputado nacional del PSOE por Balears Pablo Martín subrayó que los parlamentarios socialistas en las Cortes Generales «tienen claro» que no van a votar en contra del Gobierno en lo relativo a las mociones que se debaten en el Congreso sobre el pago del Fondo de Competitividad a las comunidades, porque entienden que la mejor vía para obtener resultados positivos es el «diálogo y el consenso».

Por su parte, la diputada nacional y candidata del PP al Consell de Mallorca, María Salom, criticó a Francesc Antich y a Francina Armengol por «no cumplir su obligación de defender los intereses de Balears en Madrid» al no exigir al Gobierno central el pago de los 240 millones del Fondo de Competitividad.