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El Gobierno del PP convalidó hoy con el apoyo de CiU y por mayoría absoluta su primer paquete de medidas económicas de esta legislatura, que incluye una subida de impuestos sobre la renta y el capital, la congelación del salario de los funcionarios y la reducción del gasto en 8.900 millones de euros.

El pleno del Congreso aprobó por 197 votos a favor, 138 en contra y 4 abstenciones el Decreto Ley de medidas urgentes para la corrección del déficit público y que el Ejecutivo ha calificado de «ponderado y equilibrado».

El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha reiterado que la subida del IRPF y del IBI durante dos años es «temporal y excepcional» y ha pedido sacrificios a los ciudadanos para superar urgentemente la crisis y empezar a crear empleo.

Montoro ha aseverado que se trata del mayor ajuste presupuestario de la historia de la democracia y ha recalcado que no recae «ni un ápice» sobre los más débiles.

Ha recriminado al anterior gobierno socialista haber engañado y ocultado a los ciudadanos la desviación del déficit público en 2 puntos porcentuales del PIB en 2011 y ha afirmado que conocieron los datos unos días después de llegar al Gobierno, y por medio de los servicios técnicos del Ministerio.

No obstante, ha insistido en que el Ejecutivo adoptará medidas correctoras en todas las administraciones públicas.

Montoro ha dicho que el Ejecutivo no ha querido elevar los impuestos que recaen sobre el consumo ni sobre las capas sociales que más han sufrido la crisis, como empresarios y autónomos.

Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, ha asegurado que el PP conocía y tenía todos los datos acerca de la «senda del ajuste fiscal» antes de las elecciones y le ha recriminado haber «consumado un engaño objetivo» y haber ocultado las medidas que sabía que iba a adoptar.

Ha acusado al Gobierno de hacer una reforma fiscal «injusta, regresiva e ineficiente» y ha dicho que ahondará en la recesión y el paro y en el castigo a los asalariados.

También ha criticado que se incentive de nuevo la burbuja inmobiliaria con el restablecimiento de la desgravación en el IRPF por compra de vivienda habitual.

Por su parte CiU ha dado su apoyo al texto argumentado «coherencia y rigor económico» ante la profunda crisis económica que sufre España.

El portavoz adjunto de este grupo, Josep Sánchez Llibre, ha precisado que el voto favorable es consecuencia de una decisión de «coraje político», pese a que no comparten la subida del IRPF aprobada por el Gobierno y confía sea transitoria.

Pedro Azpiazu, portavoz del PNV ha advertido de que el ajuste hará superar los cinco millones de parados y no cubrirá la desviación del déficit público.

El coordinador de IU, Cayo Lara, ha criticado que los recortes carguen contra el empleo y ataquen a los servicios públicos.

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha reprochado al Gobierno que no haya tomado medidas para reducir el gasto de las comunidades autónomas, y desde ERC, su portavoz Alfred Bosch ha calificado de «indecente» que el Gobierno quiera supervisar los presupuestos autonómicos, cuando durante décadas Cataluña ha pagado las facturas de toda España.

El diputado de Amaiur Xabino Cuadra ha indicado que las medidas son un grave «fraude social» que hacen a los «pobres más pobres», y en sentido contrario la diputada popular Elvira Rodríguez ha defendido que es «el primer paso para que España vuelva a crecer y el Estado de bienestar quede garantizado».

Según el decreto, la subida de las rentas del trabajo oscilará entre el 0,75 % para el primer tramo y el 7 % a partir de los 300.000 euros, mientras que el alza del IBI variará entre el 4 % y el 10 % dependiendo del valor del inmueble.

Además, mantiene el IVA superreducido al 4 % en la construcción, suprime las bonificaciones al gasóleo profesional, reduce en 600 millones las subvenciones para investigación, desarrollo e innovación y en 200 millones los presupuestos de RTVE y de Renfe, respectivamente, además de prolongar la jornada de los funcionarios dos horas y media más semanales.

El decreto suprime la ayuda de 210 euros al alquiler para jóvenes y sólo se mantendrá para los que ya la cobran.

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