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El PSOE estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos de las personas en relación con lo que considera «supresión» de asistencia sanitaria pública para los inmigrantes irregulares. «La derecha española no debería copiar a la extrema derecha griega, que también está recurriendo a perseguir a los inmigrantes», ha declarado a la prensa el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando.

El responsable socialista y la representante de UGT Ana María Corral se han reunido con una quincena de asociaciones de inmigrantes, que han pedido a partidos, organizaciones sociales y sindicales apoyo para que se presenten recursos de inconstitucionalidad en ese sentido.

Manifiesto

Las asociaciones han acordado un manifiesto contra la retirada de la tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre a los residentes irregulares y el proyecto del Ministerio de Sanidad para que éstos y otros extranjeros que no coticen, ni sean asegurados ni beneficiarios, paguen una cuota mensual para ser atendidos.

El documento, leído por el portavoz de Madres Dominicanas (Vomade) Pedro Álvarez, interpreta que es la imposición de un «peaje» que viola derechos fundamentales, unas medidas «punitivas de la sinrazón» y un «retroceso» sin diálogo con el movimiento asociativo inmigrante.

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Al mismo tiempo, son «imposibles» por la situación económica general y de los irregulares en particular.

En rueda de prensa conjunta, Hernando ha indicado que en los próximos días se concretarían los términos del posible recurso y ha acusado al PP de hablar de la inmigración y «sembrar racismo y xenofobia» cuando tiene problemas electorales «muy graves, como ahora en las encuestas».

En declaraciones posteriores, ha apuntado que serían cincuenta diputados o senadores socialistas los que presentarían el recurso.

Ineficaces

Ha augurado que las medidas del Ministerio de Sanidad serán «ineficaces», no ahorrarán, sino que se colapsarán los servicios de urgencia; «injustas» porque se abocará a la enfermedad a quien necesite atención, e «inmorales» porque atentan contra la dignidad de las personas.

Al mismo tiempo, ha criticado que la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el Gobierno estén «desaparecidos» y «escondidos» detrás del director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Moreno.