Los ministerios de Economía, Fomento, Sanidad, y representantes de la FEMP, de las las entidades financieras propietarias de los inmuebles y ONG’s asistieron ayer a la firma del convenio que regulará el funcionamiento del Fondo Social de Vivienda, destinado a alquileres sociales para personas que han sufrido un desalojo.
El fondo contará inicialmente con 5.891 viviendas, aportadas por las entidades financieras de entre los pisos que no han cedido a la Sareb, la sociedad que agrupa los activos tóxicos del sector inmobiliario en poder de la banca.
Los alquileres tendrán una duración inicial de dos años y su precio oscilará entre 150 y 400 euros mensuales, con un límite máximo del 30 % de la renta de la unidad familiar Se accederá a las viviendas previo informe de los servicios sociales de administraciones municipales o provinciales.
21 de las 180 viviendas que aportará al Fondo el Banco Mare Nostrum, entidad que integró a Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra, están en Balears.
Oportunidad
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en la firma del convenio para la puesta en marcha del Fondo que las personas afectadas por un desalojo tienen derecho a «una segunda oportunidad» para salir adelante y pagar por una vivienda un «precio razonable».
Sáenz de Santamaría destacó que iniciativas como esta resultan ser «un momento importante» de la acción política de un Gobierno y que tiene «efecto inmediato» en la situación de crisis en que vivimos.
«Podemos discutir si las medidas que adoptamos son suficientes, pero sobre todo con este convenio nos ponemos en la piel de toda esa gente que invirtió en sacar adelante su familia y que no le fue bien», añadió.
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