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La juez que investiga los ERE falsos cree que «las piezas del puzle comienzan a encajar» en cuanto al «enorme perjuicio» que las sobrecomisiones causaron a la Hacienda andaluza, el «negocio» en que se convirtieron las ayudas y el «presunto empecinamiento de la Junta» en tener fondos sin control.

En el auto que ordenó prisión sin fianza para los directivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, la juez Mercedes Alaya insiste en su acusación contra los sindicatos CCOO y UGT, que cobraron comisiones «aunque no hubiesen efectuado trabajo alguno» pues su verdadera aportación era «la información privilegiada que facilitaban a la mediadora sobre empresas en crisis que pudieran derivar en la suscripción de una póliza».

Justificación sindical

Los sindicatos justificaban el cobro de un porcentaje de cada póliza «de forma tan peregrina como la toma de datos, que poco interés podía tener para la consultora pues luego debía repetirse por su carácter parcial e incompleto», dice Alaya en un auto.

En cuanto a la Junta, Alaya afirma que las sobrecomisiones que cobraban las mediadoras han demostrado que «estaríamos ante un sistema perfectamente establecido, en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio, premisa que es absolutamente contradictoria con el grandilocuente principio de la paz social, pues ese negocio aumentaría proporcionalmente al número de ayudas concedidas».

La juez recoge que, hasta ahora, el principal debate de su investigación ha sido la presunta ilegalidad del mecanismo de transferencia de financiación usado para conceder las ayudas, figura que evitaba cumplir los requisitos para otorgar subvenciones según la Ley de Hacienda Pública y el Reglamento de Subvenciones y que obviaba el control de la Intervención General de la Junta.