GRA212. CÁDIZ, 12/04/2013.- Cuatro familias de Jerez de la Frontera (Cádiz) afectadas por desahucios han solicitado hoy, en la delegación de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Cádiz, que se les aplique el decreto-ley sobre la vivienda, que hoy mismo ha entrado en vigor, y expropie temporalmente al banco las casas que les han sido embargadas a ellos. EFE/Román Ríos. ESPAÑA CRISIS DESAHUCIOS | Rom

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El Ministerio de Economía considera que el borrador de la ley sobre desahucios es un proyecto «equilibrado» y da prácticamente por cerrada la reforma de la normativa hipotecaria, mientras el resto de partidos reitera en sus enmiendas al texto la apuesta por la dación en pago y una norma de segunda oportunidad. El PSOE es el más beligerante.

Según fuentes del departamento de Luis de Guindos, se ha descartado la dación en pago generalizada y retroactiva por el riesgo de que incremente la morosidad bancaria y el potencial perjuicio que ese aumento generaría para el conjunto del sistema financiero. Mientras, las enmiendas de todos los grupos de la oposición presentadas ayer intentan mantener viva la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago de la vivienda en caso de impago y coinciden en criticar la tramitación conjunta que está realizando el PP gracias a su mayoría absoluta.

Expropiación

El PSOE ha incluido entre las suyas varios aspectos del decreto ley andaluz aprobado esta semana para paliar los desahucios, entre las que destaca la posibilidad de expropiar viviendas vacías en manos de personas jurídicas. Los socialistas han asumido los postulados del Gobierno de José Antonio Griñán respecto a la función social de la vivienda y el procedimiento de expropiación forzosa por cuestiones de interés social.

La nueva ley andaluza es, en palabras de la portavoz de Vivienda del grupo parlamentario del PSOE, «jurídicamente correcta, políticamente valiente, socialmente necesaria y justa». Por el contrario, el Gobierno, que está estudiando el encaje constitucional del decreto de la Junta, cree que es una norma ineficaz, al no abordar los problemas de las personas en una situación de sobre-endeudamiento, y que contiene «un blindaje a sí mismo», ya que supedita las expropiaciones a la disponibilidad presupuestaria. Dada la complicada situación económica de las administraciones públicas va a ser muy difícil que Andalucía cuente con recursos suficientes para abordar esas expropiaciones, aseguran desde el Ministerio de Economía.