Así consta en un oficio del Juzgado Central de Instrucción número 5, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recuerda a las entidades financieras la obligación de «proceder al embargo de los depósitos bancarios, valores, cajas de seguridad, títulos, acciones o cualesquiera productos financieros pertenecientes» a la esposa de Bárcenas, a fin de cubrir los seis millones de euros que podría tener que afrontar en un eventual juicio en concepto de responsabilidad civil.
El secretario judicial, Javier Angel Fernández-Gallardo, recuerda en su comunicación «el deber de colaboración con la administración de justicia impuesto a todas las personas y entidades públicas y privadas», así como «la responsabilidad penal a que pudiera dar lugar su incumplimiento».
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, al requerimiento han contestado durante este mes de septiembre una decena de entidades financieras que han asegurado que Iglesias no tiene depósitos en ninguna de sus sucursales. Entre los bancos que se han manifestado en este sentido se encuentran el Santander, el Sabadell, Citibank, ING Direct, RBC, BNP, Barclays Bank, Uno-e, Microbank, Bankinter o Caixa Geral, entre otros.
Además, el perito judicial Antonio Gómez Costa remitió un informe al juez Ruz el pasado 19 de septiembre en el que señalaba que uno de los bienes embargados a Rosalía Iglesias, el Smart Fortwo Cabrio, tiene un valor de mercado de 3.730 euros.
El Juzgado embargó el 2 de septiembre a la esposa de Bárcenas una finca en el edificio 'La Garza' de la urbanización Guadalmina de Marbella (Málaga), un garaje y un 'dormitorio de mecánico en este inmueble, todos sus productos financieros, el Smart, el 50 por ciento de una vivienda y dos plazas de garaje que comparte con su marido en el municipio de Naut Aran (Lleida), en las proximidades de la estación de esquí de Baqueira Beret, y dos plazas de garaje en su domicilio de la calle Príncipe de Vergara de Madrid.
La mujer de Bárcenas está imputada por tres delitos contra la Hacienda Pública por un total de 1.709.569 euros, otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa.
El juez Ruz acordó a finales de julio requisar las propiedades inmobiliarias y cuentas de su marido, al no haber podido reunir la fianza de 43,2 millones de euros que le había impuesto.
En concreto, embargó cuentas corrientes de Bárcenas con un saldo de 700.000 euros y las siguientes propiedades: su domicilio familiar y una plaza de aparcamiento en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande, y el cincuenta por ciento de un chalet y dos plazas de garaje en el municipio de Naut Aran (Lérida), cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret.
RAJOY: «NO HUBO FINANCIACION ILEGAL»
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha rechazado que en el pasado hubiera financiación ilegal en el Partido Popular y ha asegurado que están «tranquilos» porque el llamado 'caso Bárcenas' está en manos de la Justicia y no se ha imputado a ninguna persona de su formación.
En una entrevista en Bloomberg TV durante su estancia en Nueva York, recogida por Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha admitido que algunos de los apuntes publicados en los llamados 'papeles de Bárcenas' eran «ciertos», pero ha recalcado que la «inmensa mayoría no lo son».
Dicho esto, ha recordado que él ya se explicó con «meridiana claridad» durante «algo más de cinco horas» en la sesión extraordinaria celebrada en el Senado el 1 de agosto. «Ahora está en manos de los tribunales y no han imputado absolutamente a ninguna persona y, por lo tanto estamos muy tranquilos en relación con este asunto», ha manifestado.
El presidente del Gobierno ha señalado que han presentado una serie de propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y evitar «problemas» en la financiación de los partidos políticos en el futuro.
Entre esas medidas, ha destacado la que permitirá que los responsables económicos de los partidos sean «supervisados anualmente por el propio Parlamento» o la que da «más capacidad» de control al Tribunal de Cuentas. También ha puesto en valor la Ley de Transparencia que se está tramitando en el Senado, que ha calificado de «pionera» y que, según ha dicho, pretende que cada vez sea más difícil cometer algunas conductas irregulares.
En cuanto al elevado número de españoles que, según un sondeo, cree que no ha sido sincero en relación con la financiación del PP, Rajoy ha afirmado que él trabaja «siempre» para darle la vuelta a las previsiones. «Dije que íbamos a trabajar para darle la vuelta a las previsiones económicas y ahora vamos a trabajar para darle a vuelta a algunas cosas que están instaladas en el conjunto de la sociedad española», ha subrayado.
En este punto, ha insistido de en que en este caso hay dos cosas «importantes": la primera, esperar a ver qué dicen los tribunales; y la segunda, poner en marchar un paquete de medidas para mejorar la lucha contra la corrupción.
Al ser preguntado si presentaría su dimisión en caso de que se demostrara que hubo fondos ilegales en sus campañas electorales, el presidente del Gobierno ha respondido que «hay cosas que no se pueden demostrar» y, por lo tanto, no tiene sentido hablar de lo que se puede o debe hacer si se demostrara. «No hubo financiación ilegal», ha afirmado rotundo después.
Sobre si tiene previsto despedir a alguien del PP si se confirma que ha habido destrucción de pruebas de los ordenadores empleados por el extesorero Luis Bárcenas, Rajoy ha dicho desconocer que se haya producido «ninguna destrucción de pruebas».
«Lo desconozco absolutamente», ha reiterado, para añadir que lo único que sabe sobre este asunto es que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz lo ha enviado «a otro juzgado» en Plaza de Castilla. «Espero que éste tome una decisión y mantenga la ley pero no puedo hablar de eso porque no se nada de eso», ha apostillado.
En cuanto a si le preocupa más el mercado de bonos o la corrupción, el presidente del Gobierno ha confesado que le preocupan ambas y «otras muchas cosas» que pasan en España y en el mundo. Finalmente, ha señalado que la mayoría de las personas que están en política son personas «honestas y honradas» y que por uno o dos casos no se puede generalizar porque supone una injusticia.
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