Uno de los efectos que acarreará la abdicación del Rey será la pérdida de su inviolabilidad, reconocida por la Constitución, cuando su hijo, el Príncipe de Asturias, asuma el trono, así como la salida de sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, de la Familia Real, para pasar a ser «familia del Rey».
«La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad», señala el artículo 56.3 de la Carta Magna, que dejará de ser de aplicación para don Juan Carlos para afectar a don Felipe una vez que sea proclamado como Rey Felipe VI.
Del mismo modo, tal y como establece la Constitución en ese mismo artículo, a partir de ese momento los actos del nuevo Monarca estarán «siempre refrendados» por el Gobierno.
El artículo 64 aclara que los actos del jefe del Estado serán refrendados «por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes» y agrega que «de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden».
Fuentes de la Casa del Rey han confirmado hoy que este será uno de los efectos inmediatos que acompañará a la proclamación de Felipe VI.
Queda por ahora pendiente la regulación que el Gobierno anunció el pasado 4 de abril, para incluir en la condición de aforados ante el Tribunal Supremo a la Reina y los Príncipes Asturias a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta modificación normativa ya sólo afectará a la futura Reina Letizia y a su primogénita, Leonor, como Princesa de Asturias, y supondría que, en caso de ser imputados, el proceso tendría que ser remitido al Supremo, como ya ocurre con los diputados, senadores y miembros del Gobierno.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, explicó al anunciar esta reforma que el Gobierno había tenido en cuenta las funciones de Estado que, dentro de la Familia Real, realizaban la Reina y los Príncipes de Asturias, y remarcó que doña Sofía compartía las funciones de Estado del Rey, igual que los Príncipes.
La abdicación traerá consigo además una modificación en el número de miembros de la Familia Real, que pasará a contar con seis personas, el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, don Juan Carlos, doña Sofía, la actual infanta Leonor -que pasará a ser Princesa de Asturias en cuanto su padre llegue al trono- y la infanta Sofía.
Todo ello, de acuerdo con lo establecido en el decreto regulador del Registro Civil de la Familia Real, de noviembre de 1981, que sólo incluye en este grupo al Monarca, su consorte y sus ascendientes y descendientes, además del Príncipe de Asturias.
El estatus de las infantas Elena y Cristina, en tanto que hermanas del nuevo jefe del Estado, será similar al que ahora tienen las hermanas del Rey Juan Carlos, las infantas Pilar y Margarita, que no forman parte de la Familia Real pero son «familia del Rey».
Uno de los efectos prácticos de este cambio es que sus actividades ya no estarán incluidas en la agenda institucional de la Casa del Rey, donde doña Elena (no así doña Cristina, sin actividad oficial desde hace noviembre de 2011) tiene asignados sus propios actos.
En cuanto a las tareas que podrá desempeñar don Juan Carlos tras la proclamación de su hijo como nuevo Monarca, las fuentes de la Casa Real explican que tendrá que ser Felipe VI quien las determine, así como la dotación económica que recibirá.
La Constitución establece al respecto, en su artículo 65: «El Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma».
Y en el artículo siguiente establece que el jefe del Estado «nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa», algo que corresponderá hacer a don Felipe en cuanto sea proclamado rey.
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