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Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán, ha negado este lunes ante el juez Ruz haber percibido comisiones por interceder en adjudicaciones públicas y ha defendido que los cobros que recibió de diversas empresas respondieron a trabajos reales y no ficticios, como sostiene la Policía.

Según han informado fuentes presentes en la declaración, durante las cinco horas de interrogatorio ante el juez por blanqueo y delito fiscal el hijo de Jordi Pujol ha defendido la veracidad de los trabajos que hizo para empresas adjudicatarias de obra pública y que le supusieron cantidades millonarias, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

Estas labores se circunscribían únicamente a dar información sobre posibles negocios y, de ser ciertas, la UDEF destaca que se llegaría a la conclusión de que el primogénito de los Pujol «sería un experto en diferentes materias» como la intervención inmobiliaria, refinerías petrolíferas, plantas fotovoltaicas o «broker» de participaciones en empresas.

Durante el interrogatorio su estrategia de defensa se ha centrado en apuntar que su padre abandonó la presidencia de la Generalitat en diciembre de 2003, antes de que se adjudicaran la mayoría de los contratos públicos investigados en relación con los movimientos sospechosos de divisas que efectuó Pujol Ferrusola entre 2004 y 2012 en trece países por 32 millones.

Esto ocurrió, por ejemplo, con varios pagos al hijo de Pujol por parte de empresas del Grupo Copisa por unos trabajos que estas sociedades no han sido capaces de justificar con documento alguno.

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En el extenso y exhaustivo interrogatorio, el imputado ha respondido a todas las partes personadas -Fiscalía Anticorrupción, Abogacía del Estado y su abogado, Cristóbal Martell-.

De las cinco horas que ha durado la declaración, cuatro de ellas han sido para contestar a las preguntas del juez Ruz, instructor de esta causa, han informado fuentes jurídicas.

Al término de la comparecencia, Pujol Ferrusola, vestido con pantalón gris, americana azul y una cartera de piel en la mano, abandonaba la sede de la Audiencia Nacional junto a su abogado, en un taxi, tal y como hizo para trasladarse esta mañana hasta este tribunal.

La imputación de Pujol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironés, que está declarando en estos momentos por los mismos delitos, respondió a un informe de Hacienda que detectó movimientos sospechosos de divisas del matrimonio durante ocho años (2004-2012) en trece países por 32 millones de euros.

Este caso comenzó a investigarse a partir de una denuncia presentada en enero de 2013 por Victoria Álvarez, expareja de Pujol Ferrusola, que le acusó de hacer continuos viajes a Andorra con mochilas repletas de billetes.

El juez llamó a ambos a declarar cuatro días después de que el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol confesara, el 25 de julio en un comunicado, que había mantenido oculta una fortuna en el extranjero, que vinculó a una herencia de su padre.