El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaría legal para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, con la celebración este lunes de un Consejo de Ministros extraordinario que aprobará los recursos.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, presidirá este lunes ese Consejo de Ministros en el que se aprobará presentar los dos recursos ante el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Estado se ha reunido esta tarde en Comisión Permanente para aprobar el dictamen de los dos recursos que el Gobierno piensa interponer ante el Tribunal Constitucional (TC).
La reunión de la Comisión Permanente, que preside José Manuel Romay Becaría, comenzó hoy a las 19:00 horas, confirmaron a Efe fuentes de la institución.
La sección primera del Consejo de Estado, que dirige Landelino Lavilla y a la que corresponde la redacción y el estudio del dictamen, trabajó ya ayer sobre la petición revisada por el Gobierno.
El Ejecutivo encargó ayer al Consejo de Estado los preceptivos informes sobre la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista para el 9 noviembre y le dio un plazo de 48 horas para su aprobación.
El dictamen del Consejo de Estado es preceptivo, aunque no vinculante, para que el Gobierno interponga los recursos ante el TC.
Con el informe del Consejo de Estado, el Gobierno aprobará los recursos y dará instrucciones a la Abogacía del Estado para que los presente ante el Tribunal Constitucional.
El PSOE, a través de su secretario de Organización, César Luena, ha reiterado hoy el respaldo de su partido al Gobierno en apoyo a la legalidad ante el desafío soberanista catalán, pero a la vez le ha encomendado a «moverse» y a no continuar con el inmovilismo.
Desde Pekín, con motivo de su visita oficial a China, Rajoy advirtió ayer a Artur Mas del «lío» en el que va a verse inmerso al firmar el decreto de convocatoria de la consulta soberanista.
Lo hizo en una conversación informal con periodistas durante un recorrido por la Gran Muralla china, antes de emprender viaje de regreso a Madrid.
El presidente del Gobierno reiteró el mensaje que ha trasladado en los últimos días subrayando que él ha dicho en todo momento cuál iba a ser la posición del Gobierno.
Unas intenciones que pasan por cumplir y hacer cumplir la ley, por lo que Rajoy entiende que esa consulta no puede celebrarse y él no la va a permitir.
El mismo mensaje que trasladó ayer Sáenz de Santamaría durante su comparecencia extraordinaria en el Palacio de la Moncloa, en la que lamentó el «error» del presidente catalán de convocar la consulta y aseguró que «no se va a celebrar porque es inconstitucional».
«Fractura a la sociedad catalana, divide a los catalanes, les aleja de Europa y del sentir de los tiempos», destacó.
La vicepresidenta insistió en que «ningún Gobierno está por encima de la voluntad soberana del pueblo español, ningún Gobierno puede ceder o transigir sobre lo que sólo puede decidir el conjunto de los españoles», para apostillar: «Sin ley no hay democracia».
Los recursos de inconstitucionalidad que presentará la Abogacía del Estado en nombre del presidente del Gobierno incluyen la petición de suspensión de la ley, que será «automática» en el momento en el que el TC los admita a trámite.
Una vez suspendida la ley y la convocatoria de la consulta no podrá llevarse a cabo «ninguna actuación tendente a ejecutarla, a continuarla o a que surta efecto», avisó ayer la vicepresidenta.
Una vez que el Gobierno haya presentado los recursos en el Tribunal Constitucional, esta institución deberá decidir cuándo convoca un pleno extraordinario para debatirlo, ya que no hay ninguno ordinario previsto para la próxima semana.
El presidente del TC tiene entre sus atribuciones la convocatoria del pleno, según establece el artículo 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
También el Reglamento de la institución recoge, en su artículo 4, que el presidente convocará el pleno por propia iniciativa y cuando lo pidan, al menos, tres magistrados.
La convocatoria del pleno se hará con tres días de antelación, salvo que, a juicio del presidente, «la urgencia del caso no permita cumplir ese plazo», según la normativa.
A la convocatoria se acompañará el orden del día y los antecedentes que fuesen precisos para la deliberación, salvo que por la índole de los asuntos que se traten no resulte aconsejable.
Además, según el reglamento, el tribunal en pleno quedará válidamente constituido, aunque no hubieren precedido los requisitos de la convocatoria, cuando se hallen reunidos todos los magistrados y así lo acuerden por unanimidad.
5 comentarios
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Mas simboliza hoy la España Negra que tanto daño nos ha hecho...Mas hoy, es, la España de la Pandereta.
Al Serengueti hi ha més divisió de poders que a Espanya
Chiste visto en la red.Es grafico: 1) Mapa de España. 2) Sobre el territorio de Aragón un maño con traje tradicional. 3) En su rostro, una mezcla de esperanza y nerviosismo,mientras mira hacia el Noreste peninsular. 4) Texto: Mañico esperando que Cataluña se declare independiente para que Aragón tenga playa....
Contra la ley y contra la consulta. Y, por supuesto, debe ir desempolvando otras medidas que están en la Constitución y que son, por lo tanto, totalmente legales. He dicho, todas. Sin descartar ni una. Sin ley, cualquier territorio se convierte en un remedo del Serengueti. Por ejemplo.
Liechtenstein vincula a Artur Mas con "negocios ilegales" de los Pujol, SIN COMENTARIOS