El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente por unanimidad la consulta soberanista alternativa convocada por la Generalitat para el 9N, al admitir a trámite el recurso que el Gobierno presentó contra esta convocatoria, pero el Gobierno de Artur Mas ha asegurado que la mantiene.
Tras reunirse con la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, Catalá no ha querido aventurar que pasará si la Generalitat sigue adelante con su iniciativa, ya que está convencido de que cualquier Gobierno «sometido a la Ley y al ordenamiento jurídico» lo que debe hacer es «suspender la conducta y no llevar a cabo actuaciones que contradigan la decisión del TC».
Ha recordado que el Gobierno presentó una impugnación ante el TC porque consideró que algunas actuaciones de la Generalitat, como la creación de un página web, las puesta a disposición de locales o el requerimiento a funcionarios para participar en la consulta estaban directamente relacionadas con ésta, que ya había sido suspendida por el alto tribunal.
Este martes el TC ha suspendido esas actuaciones y las que «puedan desarrollarse en el futuro», ha indicado Catalá antes de insistir en que «cualquier Gobierno, como es lógico y razonable, sometido a la Ley y al ordenamiento jurídico lo que tiene que hacer, y estoy seguro que lo hará, es suspender esa actividad institucional» y no llevar a cabo otras que contradigan lo que el TC le ha mandatado.
Todos los gobiernos, ha enfatizado el ministro, están para cumplir las leyes y gestionar los asuntos de los ciudadanos, «y no para incorporar problemas e incumplimientos del marco constitucional y legal».
Por todo ello, Catalá se ha mostrado convencido de que Mas cumplirá con ese mandato.
De todos modos, si personas de forma individual intentan llevar a cabo la consulta, el Gobierno analizará las posibles actuaciones contra ellas, así como contra las acciones que puedan producirse en los próximos días si contravienen la decisión del TC.
Sobre la argumentación de que con la suspensión de la consulta se ha podido vulnerar la libertad de expresión, Catalá ha calificado este planteamiento de «exótico» y ha insistido en que el Gobierno lo único que ha hecho es defender el orden constitucional y competencial.
Y ha recordado que el Estatuto de Catalunya solo autoriza la realización de consultas sobre materias de su competencia y «un referéndum no está en ese contexto» y sería «inconstitucional».
Catalá no acaba de entender donde está afectado el derecho a la libertad de expresión, «tan respetado» por el Gobierno.
No ha querido opinar sobre el futuro político de Artur Mas, porque es una decisión que tomará él y no corresponde al Gobierno «enjuiciarlo».
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