Tras ser aprobada hace dos meses por el Congreso de los Diputados, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha entrado en vigor este jueves precedida por las protestas de numerosos sectores, que han llevado incluso al cierre de Google News en España.
A pesar de que en su propio texto la nueva norma establece un plazo de un año para que el Gobierno acometa una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual, el Ejecutivo consideró preciso llevar a cabo una modificación parcial para solucionar los problemas más urgentes del sector.
La reforma ha recibido duras críticas de la compañía tecnológica Google, de las entidades de gestión y ha sido objeto de movilizaciones del mundo de la cultura.
Entre otras medidas, esta ley establece el derecho de las empresas editoras de noticias a ser compensadas económicamente por los agregadores de contenidos o buscadores de internet por la utilización de sus contenidos, una remuneración que será irrenunciable.
Este punto de la ley provocó que Google cerrara su servicio de Google News en España el pasado 16 de diciembre, de tal forma que ha dejado de mostrar contenidos de los editores españoles en el resto de sus ediciones en el extranjero.
Desde esta fecha, al intentar acceder a ese servicio del buscador, el internauta es redirigido a una página de apoyo al usuario en donde se indica que «las publicaciones de los editores españoles ya no aparecen en Google Noticias», y se explican las razones por las que la compañía tecnológica ha tomado esa decisión.
Otro de los aspectos más criticados de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es que se mantenga el pago de la compensación por copia privada, que sustituyó al antiguo canon digital, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, una medida transitoria hasta que legisle al respecto la Unión Europea.
Respecto a la lucha contra la piratería, la ley establece multas de hasta 600.000 euros para las páginas web que tengan como principal actividad facilitar de manera masiva la localización de contenidos piratas e incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores.
Para las entidades de gestión de derechos de autor, la norma fija un sistema de recaudación de ventanilla única como medio de facturación y pago por parte de los usuarios de derechos de propiedad intelectual.
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