De este modo, Sáenz de Santamaría ha declinado valorar las palabras de Bárcenas a su salida de la prisión madrileña de Soto del Real, por considerar que no es tarea del Gobierno responder a lo que los imputados aleguen en su defensa. Sin embargo, ha recalcado que el historial de acusaciones de Bárcenas «es de todos conocido y cada uno puede sacar las conclusiones que considere oportuno».
Según ha dicho, al Gobierno «lo único que le preocupa en un Estado de Derecho es que se haga justicia», y por ello ha expresado su respeto a la actuación de los tribunales y a las sentencias que dictan.
Eso sí, sin referirse en concreto al caso Gürtel, ha afirmado que algunos procedimientos son muy largos y que convendría agilizarlos, «porque la justicia lenta pierde ese carácter de justicia», en todos los ámbitos.
Junto al respeto a la actuación judicial, Sáenz de Santamaría ha destacado que al poder Ejecutivo y al legislativo les corresponde adoptar medidas para que la corrupción no se produzca, y en ese ámbito ha defendido que el Gobierno ha puesto en marcha «un plan de regeneración democrática que no había existido nunca en España», con la ley de transparencia, los cambios en la ley de financiación de partidos, el estatuto del alto cargo y la ley de control económico financiero de los partidos.
De entre todo ello ha destacado la obligación de los partidos políticos de rendir cuentas y la creación de la figura del decomiso para que los condenados por corrupción tengan que devolver el dinero que se llevaron.
Además, ha recalcado el amplio respaldo de la ley de control económico-financiero de los partidos políticos, que se aprobó con 26 votos en contra, después de una negociación con el resto de grupos, aunque algunos al final decidieron abstenerse.
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