La polémica ha surgido a raíz de una información publicada este lunes por el diario El País, según la cual el Gobierno regional mantiene desde 2011 un pacto con la empresa Indra para que pague a jueces y secretarios judiciales como asesores de un proyecto tecnológico para introducir mejoras informáticas en los juzgados.
De acuerdo con la información del diario, en total la entidad ha desembolsado más de 200.000 euros a 32 juristas, entre ellos Vieira, quien expuso en su momento que los jueces no iban a colaborar con Indra si no percibían una compensación económica.
A raíz de esta noticia el CGPJ ha decidido abrir una investigación de dichos pagos, y entre otros pasos interrogará al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El promotor de la Acción Disciplinaria en el Consejo, el magistrado Antonio Jesús Fonseca, quiere averiguar si se han producido incompatibilidades y, para ello, como primera medida, ha citado a Vieira.
El propio Vieira ha explicado esta en un comunicado que la Comunidad de Madrid solicitó la colaboración de jueces y magistrados, además de otro personal de la administración de justicia, para el desarrollo de una herramienta, el denominado Compositor de Documentos, cuya función es la de ayudar a generar documentos utilizados en la tramitación de expedientes judiciales.
Vieira ha dicho que entendió que esa colaboración no precisaba autorización ni reconocimiento de compatibilidad por parte del Consejo, y ha subrayado que todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda.
Según Vieira, cuando en 2010 la Comunidad de Madrid pidió ayuda para desarrollar la herramienta se constituyeron grupos de trabajo, cada uno formado por un magistrado y un secretario judicial designado por el TSJM, a los que se encomendaron tareas de colaboración en la implantación de este sistema.
«Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este Sistema», detalla el comunicado de Vieira.
La Comunidad de Madrid, por su parte, no ha respondido a esta información a través de ningún cauce.
Sí se han referido a estos pagos los partidos de la oposición, que han exigido explicaciones al Gobierno regional.
El secretario de Política Federal del PSOE y responsable de Justicia en la Ejecutiva, Antonio Pradas, ha considerado «urgente» que se aclaren las circunstancias, y ha dicho que es «muy llamativo que los encargados de validar la implantación de una aplicación informática perciban remuneraciones de la empresa interesada, lo que sin duda le resta credibilidad a esta validación».
Tras apuntar que Indra «está siendo investigada dentro de la operación Púnica», Pradas ve «muy grave que quienes deben juzgar el comportamiento de una administración y de una empresa en un procedimiento judicial relacionado con presuntos delitos de corrupción puedan estar cobrando sobresueldos».
José Manuel Franco, portavoz del PSM en la Asamblea, ha considerado estos hechos un «gravísimo atentado» contra la separación de poderes, y ha dicho que si no se explica «claramente» lo sucedido, los socialistas tendrán «todo el derecho del mundo a decir que estamos ante un Gobierno absolutamente corrupto».
Franco ha anunciado que el PSM solicitará las comparecencias en la Asamblea del presidente regional, Ignacio González, y del consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.
También se ha referido a este asunto el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, quien ha reclamado «una inmediata investigación. «Lo que hoy se preguntan los madrileños es si esto tiene que ver con cómo tratan los jueces a los miembros del PP madrileño» como el hecho de que Esperanza Aguirre «huyera de la policía y saliera impune», ha apuntado.
UPyD se ha sumado a la exigencia de respuestas y su portavoz adjunto en la Asamblea, Ramón Marcos, ha acusado al Gobierno regional de haber pagado primas a los jueces para conseguir «impunidad» en «presuntas actuaciones delictivas».
También UPyD ha pedido la comparecencia parlamentaria de González y Victoria, ha dicho Marcos, que ha afirmado que la Comunidad de Madrid ha utilizado la ICM como instrumento para llevar a cabo «actuaciones irregulares y presuntamente delictivas».
CCOO de Madrid, por su parte, ha opinado que este tipo de prácticas daña la credibilidad en la independencia judicial, y ha criticado que González y Victoria «nunca» hayan aceptado reunirse con representantes de los trabajadores de la Administración de Justicia sobre los que tienen competencias.
Por su parte la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) considera lamentable la falta de transparencia y recuerda que ha solicitado «por activa y por pasiva» que se cuente con la participación de los trabajadores en el desarrollo de herramientas informáticas, pero no precisamente los funcionarios de categorías superiores, que «no son los usuarios de dichas herramientas».
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