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El Partido Popular se ha opuesto este jueves en el Senado a aprobar una enmienda presentada por la oposición (PSOE, IU y Entesa) al Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil para que las ONG medioambientales tengan acceso a justicia gratuita en su labor de defensa de la naturaleza.

El senador socialista Antonio Rodríguez ha explicado en su defensa de la enmienda, la iniciativa parte de la base de que el incremento de las tasas y cotas de los juicios han tornado «impracticable» el acceso a la justicia para estas ONG, con arcas muy modestas.

Rodríguez ha subrayado en el Pleno que estas organizaciones tienen el mismo derecho que otras asociaciones a acceder a la justicia gratuita porque «defienden un derecho fundamental recogido en el artículo 45 de la Constitución, el de permitirnos disfrutar de un medio ambiente adecuado».

«Las ONG ecologistas trabajan en defensa de los intereses generales en materia de derechos fundamentales, actúan usando sus propios recursos para luchar por el interés general», ha insistido el senador socialista.

El senador del PP, Mario Arias, ha asegurado ser «consciente de esta realidad», pero ha dicho «no poder» recoger esta enmienda, que finalmente no ha sido aprobada.

En respuesta al rechazo del PP, las cinco grandes ONG de ámbito estatal, SEO/Birdlife, WWF, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción han anunciado que denunciarán a España ante la UE por no cumplir con la directiva de acceso a la justicia al «privarles» del derecho a acceder a ella de manera gratuita para defender el medio ambiente.

«Nos ha sorprendido este bloqueo ya que tanto el exministro Arias Cañete como la actual ministra se comprometieron a actuar y a reconocer este derecho de las ONG ambientales», ha declarado Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF.

Del Olmo ha recordado que el exministro Alberto Ruiz-Gallardón anunció en su día la justicia gratuita en materia medioambiental en el Congreso, «y así lo recogen las actas».

Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, ha opinado que «este es un paso más en la política del Gobierno de poner trabas a los ciudadanos para dificultar el acceso a la justicia», y que en el caso del medio ambiente «lo hace en contra de la legislación europea».

«Esta decisión del Partido Popular nos obliga a llevar este caso ante la UE. Es triste que en nuestro sistema legal los diputados y senadores puedan votar a sabiendas de que algo es injusto e ilegal», ha declarado Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra.

Por su parte, Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife, ha señalado que «la actitud del PP desarmará a las ONG en la defensa del bien común y en el del derecho de todos los españoles a un medio ambiente adecuado».

Los ecologistas consideran que el acceso a la justicia en materia ambiental es un derecho consolidado desde la ratificación del Convenio de Aarhus por parte de España y de la UE «que se ve vulnerado por la Ley de Tasas y la reforma de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa».

Además, ha recordado que el Tribunal de Justicia de la UE ya condenó a Reino Unido por ser la justicia en materia ambiental «demasiado onerosa para los recurrentes y demasiado imprevisible»