«La resolución que acaba de aprobar la mayoría secesionista de diputados en el Parlamento de Cataluña supone el mayor desafío al orden constitucional de España y la más grave manifestación de desprecio y violación de la democracia en nuestro país.
Sus promotores, y quienes les han respaldado en la sesión que acaba de concluir, traicionan la voluntad de la mayoría de los catalanes que, el pasado 27 de septiembre, negaron con su voto a la secesión de Cataluña de España, y manifestaron su deseo de mantener y renovar la proyección institucional y política de una historia secular compartida.
Una minoría pretende, así, hurtar a la mayoría de los ciudadanos, la nacionalidad española, que les habilita para poder ejercer los derechos y libertades que la Constitución y las leyes les atribuyen. El secesionismo pretende provocar tres fracturas, la primera, entre catalanes, la segunda, entre catalanes y sus hermanos españoles, y la tercera entre catalanes y conjunto de europeos.
Con esta decisión, el secesionismo ha situado fuera de la legalidad al Parlament de Cataluña, y lo deja sin legitimidad para el desempeño de sus funciones al violar, consciente y deliberadamente, la Constitución Española y el Estatut de Autonomía catalán, fuentes exclusivas de su existencia y de su actividad.
El respeto a la ley y al derecho no es divisible.
Violar la ley y los procedimientos establecidos para la toma de decisiones es renunciar a la democracia para sustituirla por la tiranía de voluntades arbitrarias que escogen, en cada ocasión, la norma de actuación que conviene a sus exclusivos intereses. No es éste el camino que siguen sociedades avanzadas y civilizadas para alcanzar sus objetivos, no es esta la pauta que admite la comunidad internacional.
También, con esta decisión quienes la han apoyado pretenden privar al conjunto de los españoles de su derecho permanente a dotarse, conjunta y colectivamente, de las reglas de convivencia que rigen y deben regir en todo el territorio de España.
A lo largo de la historia, España ha sido un espacio público compartido en donde hemos podido crear, construir, mantener y desarrollar una sociedad que, aun diversa y plural, ha actuado en el mundo con un proyecto compartido por y para todos sus hijos.
Ciudadanos de todos los rincones de España hemos hecho esta historia y todos nos hemos beneficiado de ella. Así lo hicieron las generaciones pasadas, así lo hemos hecho nosotros y así lo deberán hacer quienes nos sucedan en los años venideros.
La Constitución Española de 1978 rescató este compromiso plural para dar vida a un Estado social y democrático de derecho que reconoce la autonomía de nacionalidades y regiones y que, en todo, se fundamenta en el respeto a una Ley que a todos ampara y a todos obliga: a los ciudadanos, a sus representantes, a sus instituciones.
Quienes en el día de hoy han decidido situarse a sí mismos, y a las instituciones que representan, fuera de esa ley, han asumido una gravísima responsabilidad de la que deberán dar cuenta y hacer frente a sus consecuencias.
Ante el desafío secesionista, el Estado tiene el derecho y la obligación de adoptar las decisiones y medidas necesarias para restaurar el cumplimiento de la Constitución, de sus principios, valores y normas por parte de todos los poderes públicos y de todas las instituciones para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
En esta hora decisiva para el ser y el futuro de España, el Partido Socialista Obrero Español, fiel a su historia y a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos:
1. Proclamamos una vez más nuestro compromiso irrenunciable con la unidad e integridad de España como marco indivisible para el ejercicio de la soberanía nacional.
2. Apoyamos, en consecuencia, el recurso ante el Tribunal Constitucional anunciado por el Gobierno, para obtener la declaración de inconstitucionalidad de la Resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña esta mañana.
3. Manifestamos nuestra voluntad de que se salvaguarden en su integridad los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña en los términos previstos en las leyes.
4. Llamamos a los ciudadanos a mantenernos unidos en torno a la defensa de la ley y el funcionamiento adecuado de las instituciones, y apelamos al sentido democrático de todos los responsables políticos para acordar un clima de diálogo y entendimiento en la defensa de los valores constitucionales.
5. Reafirmamos nuestra convicción de que la mayoría de catalanes no quiere la secesión de Cataluña de España, y que dentro de la Constitución y del respeto a sus normas y procedimientos de reforma, es posible la renovación de las reglas de nuestra convivencia colectiva y la satisfacción ordenada de las aspiraciones ciudadanas».
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