El pleno del Senado que comienza este martes debatirá, previsiblemente, el miércoles una moción del grupo de Podemos y sus confluencias en la que se insta al Ejecutivo a dar instrucciones con suficiente publicidad para que la Guardia Civil se abstenga de la entrega directa de esas personas a las autoridades marroquíes.
La iniciativa propone que en esos casos se apliquen los procedimientos de expulsión o devolución actualmente desarrollados en la Ley de extranjería y se actúe con respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
La Ley de seguridad ciudadana, aprobada el pasado año, permite que los extranjeros que quieran a entrar a España de forma irregular por las fronteras de Ceuta y de Melilla «sean rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España» y subraya que ese rechazo se hará en todo caso respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional.
El grupo proponente expone que esa norma -"con independencia de su más que probable inconstitucionalidad"- no ha sido desarrollada reglamentariamente, por lo que las devoluciones se siguen haciendo sin un procedimiento establecido, en contra de los derechos constitucionales y de los tratados internacionales.
La moción contará con el apoyo del PSOE, según ha avanzado hoy el senador socialista Jesús Martín, quien ha opinado que las «devoluciones en caliente» van contra la ley y ha recordado que el programa electoral de su partido ya recogía la derogación de esa disposición.
Para el senador socialista, también es necesario retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y de Melilla, pues cree que «fue un error» del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ponerlas y «mantenerlas, otro».
El grupo del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara, ha presentado una enmienda en la que plantea que se inste al Gobierno a «seguir garantizando eficazmente la seguridad en las fronteras» de Ceuta y Melilla «bajo los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, con pleno respeto a la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte».
También quiere que se inste al Ejecutivo a «seguir garantizando la adecuada protección de los solicitantes de asilo» mediante las oficinas de protección internacional puestas en funcionamiento en 2015.
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