Sin embargo, a pesar de ello, se invadió su intimidad y se vulneraron sus derechos en el momento en el que unos agentes de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF) entraron en su domicilio y en su despacho el 16 de abril de 2015, y se incautaron de toda la documentación que encontraron.
Es más, en un escrito remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 31, Rato recuerda que los agentes se llevaron muchísima documentación que no estaba relacionada con el caso.
En realidad, la orden de registro sólo les permitía hacerse con los ficheros referentes a las empresas Aurosur, Rodanman Gestión, Explotaciones de Carabaña y Rafi de los años 2011, 2012 y 2013.
Por eso, Rato lleva meses pidiendo al juez que cualquier documentación requisada que no corresponda a estas sociedades y a este periodo exacto no formara parte del proceso y le fuese devuelta a la mayor brevedad posible.
Pero ahora, además, solicita que se declaren nulas las diligencias practicadas, entre ellas el bloqueo de sus cuentas, la petición de una fianza de 18 millones de euros para poder volver a administrar la totalidad de sus bienes y el embargo de sus fondos.
Y es que el exministro de Economía sospecha que con esta actuación Hacienda inició «una suerte de 'caza de brujas'» y abrió una causa general contra su persona en la que buscaba cualquier motivo para acusarle de distintos delitos.
El primero de ellos y que sirvió para iniciar el proceso fue el de alzamiento de bienes, aunque seis días después se demostró que era falso, para luego sumar delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Una extensa lista en la que se incluye ahora la presunta administración desleal, lo que para Rato es una muestra de que Hacienda y la Fiscalía se sirvieron de una denuncia falsa, aún teniendo información suficiente para cotejar que las acusaciones no se sostenían, con el fin de procesarlo.
La ONIF, la oficina antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, denunció a Rato ante la Fiscalía Provincial de Madrid por tratar de eludir la responsabilidad civil del «caso Bankia», y su pieza separada de las tarjetas de Caja Madrid alzando sus bienes mediante cuatro sociedades de su plena propiedad.
Posteriormente, el fisco amplió su acusación al detectar hasta nueve delitos de fraude cometidos entre 2008 y 2014 a través de Kradonara 2001 y, aunque dos de ellos ya habían prescrito al pasar más de cinco años, los consideró antecedentes del blanqueo de capitales por lo que el juez también decidió investigar a Rato.
Pero según la información, ahí no quedan los «gravísimos errores evidentes» en los que cayó la ONIF, que cometió ocho más, entre ellos, computar dos veces las transferencias de la sociedad Red Rose a Rato (300.000 euros en diciembre de 2012); afirmar que los Países Bajos, Bélgica, Reino Unidos, Irlanda o Estados Unidos son países de «riesgo» fiscal.
También la oficina antifraude falla al calificar «una y otra vez» en sus informes a Kradonara y Vivaway como sociedades opacas, cuando Rato ya había declarado en abril de 2013 que era el titular real de esta última y, por tanto, de la primera.
La lista de errores de la ONIF incluye la afirmación en unas partes de su informe de que Vivaway es gibraltareña, cuando en otras reconoce que es británica; fundamentar su denuncia contra Rato en la información que consta en la base de datos de la Agencia Tributaria cuando ésta no se admite como prueba por los tribunales.
Según se defiende el exministro, sería incorrecto atribuirle determinadas rentas por transferencias bancarias sin haber hecho ninguna investigación sobre el origen del dinero; no relacionar las transferencias recibidas por Rato y por Vivaway de Red Rose con los fondos regularizados o las procedentes de Estados Unidos con las retribuciones en especie percibidas de Lazard y declaradas en su IRPF.
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