El exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados ha comparecido este viernes por videoconferencia desde la prisión de Estremera, donde se encuentra en prisión a raíz del caso Púnica, para declarar sobre el supuesto caso de espionaje en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid. | Efe

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El exconsejero y exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, ha asegurado este viernes que nunca ha metido «la mano en la caja» en una videoconferencia durante la comisión de investigación que trata el caso del presunto espionaje en Madrid.

«Yo jamás he metido la mano en la caja y he dado lo mejor de mí mismo por esta comunidad autónoma y por este partido», ha indicado Granados durante su intervención desde la prisión de Estremera, donde se encuentra en prisión a raíz del caso Púnica, para declarar sobre el supuesto caso de espionaje a políticos madrileños del PP.

Granados se ha declarado «inocente» en relación al caso Púnica y ha recalcado que todavía no sabe de qué hechos concretos se le acusa.

Durante su comparecencia, que ha comenzado a las 12.42 horas, Granados ha negado que haya existido «nunca» un dispositivo de espionaje en Madrid, pero sí ha aceptado la existencia de un operativo de contravigilancia y de escolta que se montó «a petición» del expresidente Ignacio González.

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Granados ha asegurado que no observó que «nadie» espiara «a nadie» mientras estuvo al frente de sus responsabilidades en el Ejecutivo regional, así como que todos los supuestos implicados han tachado de «montaje» este caso.

A pesar de que la presidenta de la comisión le ha pedido en varias ocasiones que se ciñera al tema, Granados ha aprovechado para tratar aspectos ligados a su detención en el marco de la operación Púnica, un caso en el que se le investiga como uno de los presuntos cabecillas de una trama de amaño de contratos.

Ha denunciado que se le detuvo «delante de su hija» y se le obligó a pasar cinco días en un calabozo sin que un juez le tomase declaración.

Además, ha recalcado que lleva año y medio en prisión sin saber de qué se le acusa, por lo que ha considerado «gravemente» lesionados sus derechos y se ha declarado «maltratado por el estado de derecho.