Miguel Arias Cañete (PP) durante la campaña de las pasadas elecciones europeas. | Efe

TW
19

El PSOE pide la dimisión inmediata del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ante la presunta vinculación de su mujer con la amnistía fiscal aprobada en 2012 cuando todavía era ministro.

Según ha publicado este martes El Confidencial la mujer de Cañete, Micaela Domecq Solís-Beaumont, se habría acogido a la amnistía fiscal para regularizar parte de su patrimonio.

El portavoz de Hacienda del grupo parlamentario del PSOE, Pedro Saura, ha calificado de «indecente» que el 30 de marzo de 2012 cuando se aprobó la amnistía, «Cañete fuera ministro y por la tarde su mujer se acogiera a la amnistía».

«Demuestra que Cañete tiene nulos principios y pedimos que no esté ni un minuto más como comisario de la UE», ha dicho, tras criticar que la amnistía ha sido «un traje a medida para los amigos y dirigentes del Gobierno del PP».

Saura ha recriminado a Cañete la falta de solidaridad con los españoles y con la financiación del Estado de Bienestar y ha recordado que el grupo parlamentario socialista volverá a solicitar en el Congreso en la próxima legislatura la creación de una Comisión de Investigación de los papeles de Panamá.

«Que se conozca el nombre de todos los defraudadores que se acogieron a esta amnistía ya que ha sido la mayor maquina de lavado de dinero negro de la historia de nuestro país», ha subrayado.

Además, ha aseverado que la Diputación Permanente tendría que pedir explicaciones al Gobierno sobre este asunto porque los «hechos son suficientemente graves».

Ciudadanos pide la comparecencia de Rajoy

En el mismo sentido, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido la comparecencia del presidente en funciones, Mariano Rajoy, para que explique «qué ha hecho en los últimos cuatro años para luchar contra el fraude fiscal» y ha considerado que pese a la disolución de la Cortes hay una Diputación Permanente que podría solicitar esta comparecencia.

Ha criticado que en la amnistía fiscal «sólo» haya visto a «gente importante y vinculada al Gobierno» y ha reiterado que el Ejecutivo debe explicar quien se ha beneficiado de ella y por qué Panamá no es considerado como un paraíso fiscal.

Noticias relacionadas

«Tienen que venir porque esta cámara representa al pueblo español», ha incidido.

Podemos lo califica de escándalo

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, cree que es un «escándalo» que el Gobierno del PP haya utilizado «mecanismos aparentemente legales» para «beneficiar a amigos y familiares», como sucedió con la amnistía fiscal de 2012, sobre la que se «deberían haber dado explicaciones hace mucho tiempo» y mucho más ahora que se conoce que la mujer del entonces ministro Miguel Arias Cañete se acogió a este proceso.

Preguntada en el Congreso sobre si el Ejecutivo debería comparecer para dar cuenta de estos hechos, Montero ha reconocido que «debería haberlo hecho hace mucho tiempo» y ha criticado que mientras «la inmensa mayoría de la población trabaja y paga sus impuestos como todo hijo de vecino» exista un «puñadito pequeño de privilegiados» que «viven fuera de la ley».

Un grupo que, además, «manda mucho, algunos de ellos sin presentarse a las elecciones», y que de este modo perjudican a la «calidad de la democracia». «Esto es un escándalo que tiene que acabar», ha exigido la diputada morada, para quien acabar con esta situación debería ser «el primer objetivo de cualquier gobierno serio y responsable».

En el PP dicen no conocer ese dato

El Partido Popular asegura desconocer si Micaela Domecq se acogió a la amnistía fiscal de 2012 cuando el hoy comisario europeo era ministro de Agricultura.

Tanto la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, como los ministros Jorge Fernández y Alfonso Alonso han sido preguntados por esa noticia.

En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Cospedal ha dicho que no conocía ese dato como le ocurre con los datos privados fiscales de cualquier persona y que ha recalcado que no deberían ser públicos.

Por su parte, Jorge Fernández, en declaraciones a su llegada a la reunión de la dirección del PP ha dicho que sobre ese asunto no tenía nada que decir.

Y Alfonso Alonso ha garantizado no tener «ni idea» al respecto y ha señalado que en estos casos son los afectados los que pueden dar las explicaciones.